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La Generalitat multa con 30.000 euros a Correos por falta de rótulos en catalán

Barcelona

La Generalitat ha multado a Correos con 30.000 euros por falta de rótulos, señalización e impresos en catalán en una veintena de sus oficinas y centros ubicados en Cataluña. Es la primera multa que hace pública el Gobierno catalán por falta grave por incumplimiento de la Ley de Política Lingüística aprobada en 1998.

Los inspectores han verificado que la empresa pública incumple la doble rotulación y la exigencia de impresos bilingües en algunas de sus oficinas y "no ha aportado documentos que demuestren que tiene impresos en catalán", afirmó el consejero de Comercio, Consumo y Turismo, Pere Esteve.

La Generalitat asegura que en algunas oficinas de Correos los formularios e impresos "no estaban redactados en catalán, a pesar de que había documentos a disposición del público redactados en castellano y francés". La empresa recibió ayer mismo la notificación de la sanción y aseguró que la mayor parte de sus oficinas cumplen la normativa que obliga a la rotulación en castellano y catalán. Correos no descarta recurrir la sanción en los tribunales "en cuanto la estudiemos", dijo un portavoz. Correos recalcó que tiene alrededor de 800 centros en Cataluña y que siempre ha "cumplido la normativa, por lo que las referidas 20 oficinas apenas representan el 2,5% del total de su red".

Las oficinas que, según la Generalitat, han incumplido la normativa, están en Barcelona, Montcada i Reixach, Parets del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Granollers, Mataró, Vilafranca del Penedès y Sant Adrià del Besós.

La Generalitat anunció ayer que su departamento ha multado a otras ocho empresas por no cumplir la normativa, pero en estos casos no ha hecho públicos sus nombres por ser faltas menos graves. En total, estas ocho empresas han sido sancionadas con un total de 13.216 euros.

El consejero de Comercio se apresuró a afirmar que su departamento no pretende perseguir a las empresas. "No abrimos inspecciones de oficio, sino que actuamos por denuncias de consumidores afectados. Hemos recibido 445 denuncias que han dado lugar a 85 expedientes y, finalmente, a nueve sanciones", dijo el consejero, que compareció acompañado de Antoni Mir, secretario de Política Lingüística, y Enric Aloy, director de consumo de la Generalitat.

Mir afirmó que el Gobierno catalán ultima un plan para ayudar a las entidades y empresas a aplicar la normativa lingüística.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de septiembre de 2004