¿Qué pacto de Estado sobre inmigración?
Lo que hasta ahora se ha dicho sobre el pacto de Estado sobre inmigración nos permite discernir entre dos modelos de pacto. El primero sería el que tiene como principal objetivo limitar al máximo el debate político sobre este tema, objetivo fundamentado en el hecho de que la inmigración se presta fácilmente a una demagogia extremadamente peligrosa. Éste no puede ser el modelo idóneo porque la inmigración es un tema de gestión pública y, como tal, debe estar sometido al debate político sobre la calidad y el acierto de la misma.
El otro modelo de pacto es el que sienta los principios básicos de la gestión de la inmigración por parte del Estado, y lo hace de tal forma que sitúa el debate político en un terreno en el que se minimiza el espacio para la demagogia. Dicho de otra forma, más que evitar el debate político, lo que se pretendería con esta segunda opción es que la inmigración sea un tema de tal forma asumido, con tal claridad y extensión que resista el debate político sin los enormes riesgos que ahora tiene. Para desarrollar este modelo de pacto deberían quedar bien asentados algunos principios como los que a continuación enumero.
Es importante ampliar las competencias de las comunidades autónomas
La integración es el objetivo que debe presidir la política de inmigración
1. Asumir la idea de que España es ya y en el futuro país de inmigración. Aceptar claramente que la inmigración es un componente estructural de nuestro desarrollo demográfico, económico y cultural. Que la necesitamos, y que los asuntos públicos deben gestionarse sabiendo que la llegada de gente de otros lugares del mundo será continuada y constituirá un componente básico de nuestro crecimiento.
2. Dedicar a este tema los presupuestos o recursos que requiere su buena gestión. Si para algo importante puede servir el pacto de Estado es para que se asuma que la gestión de la inmigración requiere multiplicar los recursos económicos que hasta ahora se le están dedicando. Sin esto no hay ninguna posibilidad de racionalizar dicha gestión. Recursos, ¿para qué? Se verá enseguida con los puntos que siguen a continuación.
3. Gestionar el flujo de entrada de inmigrantes centrando los esfuerzos en organizarlo, más que en reprimirlo. Se trata de invertir la tendencia según la cual la vía ordinaria de entrada de nuestra inmigración es la irregular, algo que tiene bastante que ver con la carencia de medios organizativos y con la estrechez de las vías legales. Para cambiar esa tendencia ha de asumirse que el flujo inmigratorio es muy superior al definido legalmente en los últimos años (a través de los contingentes), y que su canalización por vías legales requiere instrumentos (aquí y en los países de origen de la inmigración) que no habían sido puestos en marcha: instrumentos para atender bien a las personas en los países de origen (oficinas de inmigración en los consulados); para casar las ofertas con las demandas en el terreno laboral; para documentar a los inmigrantes con la rapidez adecuada; etcétera.
4. Combatir la inmigración irregular atacando su principal causa: nuestra economía sumergida. El complemento indispensable a la apertura de vías legales de entrada más accesibles es la lucha contra el principal factor atrayente de la inmigración irregular: la economía sumergida. Hay que asumir el principio sobradamente demostrado de que los inmigrantes no vendrían por vías irregulares si no supiesen que van a encontrar trabajo fácilmente en la economía sumergida.
5. Dar un fuerte impulso al desarrollo estatal, autonómico y local de planes para la integración de la población inmigrada. La integración ciudadana es el objetivo que debe presidir la política de inmigración y ello requiere que todos los niveles de la Administración se impliquen con planes específicos y con recursos económicos suficientes. Los recursos vuelven a tener aquí el protagonismo central, porque, hasta el momento, podría darse el aprobado a muchos de los planes que distintas administraciones (sobre todo locales y autonómicas) han realizado, pero no así a los recursos que les están dedicando.
6. Redefinir las competencias de las distintas administraciones públicas. Es importante ampliar las competencias de las comunidades autónomas (CC AA), porque con ello la gestión de la inmigración se integrará mejor con el resto de temas de la gestión pública en los que las CC AA son competentes. Por otra parte, debe mejorarse sustancialmente la coordinación, tanto entre los distintos niveles de la Administración, como entre ésta y los agentes sociales.
7. Apostar por la equiparación de derechos y el acceso a la ciudadanía. El pacto de Estado ha de dibujar una perspectiva clara de integración ciudadana y, como mínimo, anunciar las reformas legislativas necesarias en esta dirección. Lo más emblemático es el derecho de voto de las personas inmigradas con residencia legal en nuestro país (al menos en las elecciones municipales); pero además debe incluirse la potenciación de la participación ciudadana por todos los cauces disponibles en nuestra sociedad.
No ha habido, en los siete puntos planteados, ningún ánimo de exhaustividad. Pero lo dicho creo que sirve para dejar sentada una idea básica, que el pacto de Estado sobre inmigración debe formularse de tal manera que logremos superar la estrechez y la negatividad con la que anteriormente se ha gestionado este tema. Ello servirá también para que nuestra sociedad madure en relación con este asunto y que el debate político sobre el mismo pueda desarrollarse sin los peligros que ahora entraña, de forma que la demagogia antiinmigración (que siempre habrá partidos tentados de hacerla) no logre efectos importantes, ni en el terreno social ni en el electoral.
Miguel Pajares es responsable de Inmigración del CERES (centro de estudios de CC OO de Cataluña) y experto del Comité Económico y Social Europeo en temas de inmigración y asilo.
