Astilleros otra vez

Las airadas respuestas de rechazo que está teniendo el enésimo plan de reconversión del sector público de la construcción naval que pretende aplicar el Estado o, más bien, el Gobierno de España, como gustaba decir antes a los del PP en los gloriosos tiempos de José María Aznar, tienen su lógica explicación. De golpe, una actividad industrial que da empleo a miles de trabajadores tropieza con una dura realidad. Hasta aquí se ha llegado. No hay más posibilidades de aguantar con dinero público un negocio que resulta altamente deficitario. El globo lo ha pinchado la Unión Europea por mucho que nos queramos aferrar a la incierta suerte que pudieran correr determinados recursos ante los tribunales comunitarios.

Que la industria naval ha ido languideciendo en los últimos años es de sobra conocido por todos. No es fenómeno de ahora, aunque de ello tienen buena culpa las mismas autoridades europeas. Ha habido un desarme unilateral por un exceso de ortodoxia a diferencia de lo que ha ocurrido con los países asiáticos e incluso, Estados Unidos, que han seguido protegiendo descaradamente a sus astilleros.

Aun así, es normal que vuelvan al escenario las barricadas y algaradas callejeras, movilizaciones que se radicalizarán esta semana, tanto en la Bahía de Cádiz como en Sevilla. Asistiremos, por tanto, a una intensificación de la protesta que a la larga no viene mal al Gobierno español para "cargarse de razones" ante Bruselas y reclamar con contundencia algo más que compresión ante la traumática situación a la que estamos abocados.

Dirigentes sindicales y empresa ya se han visto en más de una papeleta similar. Siempre se cumple el mismo ritual. Pero lo que está claro es que se acude a la mesa de negociaciones con una pesada mochila plena de antecedentes que pueden poner la cara colorada a más de uno. En este sentido, ante la crudeza que adquirirán las acciones de protesta, cabe recordar un dato sobre el que debe girar toda reflexión que se haga al respecto: el grupo Izar lleva tres años sin nuevos contratos en los astilleros civiles. La situación es tan adversa que la construcción de buques resultaba con un coste superior en un 15% y hasta en un 50% a los ingresos que se pudieran recibir. Ante esta realidad, cabe preguntarse qué empresa privada hubiera soportado esta creciente adversidad en sus cuentas. También hay que pensar en lo que hayan podido hacer los anteriores gobernantes para resolver el conflicto. También habría que dirigir la mirada hacia los sindicatos para saber si, de alguna forma, no se sienten, igualmente, responsables, en parte al menos, por omisión, de la deriva que adquirió la compañía hasta llegar al punto de no retorno en el que nos encontramos.

Treta del PP

Es por ello que si bien se puede entender como comprensible la actitud de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz, al condicionar todo apoyo al plan de reconversión al visto bueno previo de los sindicatos, hay que advertir que UGT y Comisiones Obreras sabían a la perfección que el camino que se estaba siguiendo no era el correcto. No emplearon, ni muchísimo menos, la misma energía en condenar la treta empleada por los rectores del PP inyectando dinero público e integrando en una sola entidad a los astilleros civiles y militares, medidas que a la larga, tal y como se ha comprobado, resultaron letales. La complicidad con estas prácticas fue tal que en su momento arremetieron contra aquellos que desvelaron la última maniobra que tenían preparada los anteriores directivos de la SEPI, como era la venta del suelo en donde se asentaban las factorías para así contar con más recursos económicos.

Fueron intentos a la desesperada para resolver el problema. El informe del entonces Comisario de la Competencia, Mario Monti, no da lugar a dudas. Se trató de burlar el control comunitario. En Madrid ni siquiera se molestaron en contestarle a sus reiterados requerimientos reclamando información. Así que los sindicalistas dejarán sus cómodos puestos y regresarán a las barricadas. Cuentan con el acompañamiento de los representantes municipales de las zonas afectadas y a los que se les eriza el pelo cuando se habla de entrada de capital privado en Izar. Deben tener motivos para ello dadas las experiencias que han vivido en carne propia, ya que algunos, por privatizar, privatizaron desde las empresas municipales de agua o electricidad hasta los cementerios.