Condenado un soldado de EE UU por torturas a presos iraquíes

Un tribunal impone ocho meses de cárcel a un espía militar

Para EE UU se ha hecho justicia; para muchos iraquíes, la sentencia es un insulto. Armin Cruz fue condenado ayer en Bagdad por un tribunal militar a ocho meses de prisión, pérdida del rango y expulsión del Ejército por maltrato y conspiración para el maltrato de detenidos en la prisión de Abu Ghraib. Es el primer miembro del servicio de espionaje del Ejército condenado tras la difusión de fotos de soldados vejando a presos.

Tejano, 24 años, Cruz pertenecía al batallón 325 del espionaje militar responsable de los interrogatorios. Se le condena por ordenar la degradación de presos: desnudarles, forzarles a simular actos sexuales y caminar en cuclillas con las manos esposadas a la espalda. Cruz participó en los abusos. También se le sentencia por conspirar con la policía militar de la prisión para encubrir las torturas y amenazas a otros compañeros para que no declararan en su contra.

Para el fiscal, los hechos, fotografiados y dados a conocer a través de los medios de comunicación, representaron un "duro golpe para la imagen del Ejército de EE UU" y "han podido dificultar la lucha contra la insurgencia". El soldado se declaró arrepentido y pidió perdón a los iraquíes, pero no ofreció detalles de lo ocurrido: "Sé que mis acciones fueron incorrectas y no hay modo de justificarlas". Stephen Kams, su abogado, calificó a Cruz de "héroe de guerra", y dijo que su actuación se debió a un estrés postraumático tras un ataque contra la prisión en el que murió uno de sus amigos y él resultó herido. "Con su expulsión, el Ejército pierde a un gran soldado", dijo.

Cruz es el segundo militar de bajo rango (no hay oficiales) condenado de los ocho militares encausados por las torturas y malos tratos en Abu Ghraib, a 30 kilómetros al oeste de la capital. En mayo fue sentenciado a un año Jeremy Sivits, de la 800 brigada de la policía militar al mando de la general Janis Karpinski, destituida pero nunca procesada. Con estos juicios, el Pentágono trata de demostrar que los abusos se limitaron a un grupo reducido de soldados y no a un sistema universal de interrogatorios aprobados por el mando. No se ha producido una investigación independiente del escándalo, pese a las peticiones de varias organizaciones de derechos humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo mandato es velar por todos los detenidos.

Uno de los puntos oscuros, además de saber si fueron casos aislados o un sistema de trabajo, es conocer el papel de los contratistas privados. El abogado defensor del sargento Ivan Frederick ha basado su caso en que su cliente fue obligado a actuar de ese modo por los contratistas del Pentágono. Un informe de Ejército acusa a tres de los 37 subcontratados de la empresa CACI Internacional de estar presentes en los abusos y valerse de perros para aterrorizar a los detenidos alentando a los soldados a seguir esta práctica. El principal obstáculo es que la jurisdicción militar carece de competencia sobre estos contratistas.

Mientras, el caos, la violencia y los ataques marcaron de nuevo la jornada en Irak en el tercer aniversario de los atentados del 11-S. Los consulados de EE UU y Australia en Basora, la principal ciudad del sur del país, fueron el objetivo de un coche bomba en un atentado que se saldó con dos civiles iraquíes muertos y la evacuación del personal diplomático. En un fuego cruzado entre soldados de EE UU y milicianos chiíes del Ejército del Mahdi en Bagdad murieron dos guardias iraquíes, que vigilaban un hospital. Dos contratistas iraquíes que trabajaban para firmas estadounidenses fueron abatidos en Tikrit, en el triángulo suní, mientras que, en la capital, tres libaneses fueron asesinados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 11 de septiembre de 2004.

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