El Gobierno rehabilitará "jurídica y moralmente" a las víctimas del franquismo

El Consejo de Ministros aprobará con toda probabilidad hoy un real decreto para crear una comisión interministerial en la que se estudiará la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y buscará su "rehabilitación moral y jurídica". Es el primer paso del Ejecutivo socialista para resolver las múltiples demandas de las asociaciones que reivindican la recuperación de la memoria y que incluyen la reapertura de las fosas comunes de la Guerra Civil o la revisión de los expedientes judiciales de los presos republicanos.

La creación de esta comisión es una de las medidas que va a tomar el Gobierno para abordar las numerosas peticiones de asociaciones que solicitan la recuperación de la memoria histórica: la desaparición de las definiciones despectivas en los expedientes de los presos republicanos, la inclusión de las víctimas de la etapa de la transición -como los muertes en los sucesos de Vitoria en 1976- o la mejora de las ayudas a las víctimas de la represión y sus familiares.

La comisión interministerial, que presidirá la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que se ha ocupado personalmente de este asunto, se constituye, según fuentes del Gobierno, para "echar a andar" en un asunto que sigue levantando grandes polémicas -incluida la que rodea la retirada de símbolos franquistas de calles, plazas e iglesias de media España- y está envuelto en un magma legislativo y administrativo.

El Gobierno ya ha dado muestras de abordar esta cuestión al mostrarse dispuesto a sufragar la recuperación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil enterradas en fosas comunes o enviar una delegación, encabezada por el presidente del Senado, Javier Rojo, a los actos conmemorativos del 60 aniversario de la liberación de París de los nazis, en la que tuvieron un papel protagonista los republicanos españoles.

La creación de esta comisión, reclamada durante años al Partido Popular y nunca lograda, implica que el Gobierno se pone a trabajar tal y como le había instado una proposición no de ley aprobada en el Parlamento el pasado 1 de junio. La iniciativa surgió de los grupos pequeños, nacionalistas e Izquierda Unida; siempre muy interesados en este tipo de asuntos. Los socialistas, de la mano del diputado Ramón Jáuregui, presentaron una enmienda transaccional.

Primero se recordaba el acuerdo unánime de la Comisión Constitucional de noviembre de 2002, con el PP en el Gobierno. Entonces se condenó por primera vez en el Congreso el golpe franquista y se instó al Ejecutivo a ayudar a todos aquellos que, por ejemplo, quieran reabrir las fosas de la guerra para recuperar los restos de sus seres queridos. Pero las asociaciones se quejan de que siguen trabajando sin ayuda oficial, y piden que el Ejecutivo abra una oficina de apoyo para estos asuntos.

La proposición también instaba a sistematizar la legislación sobre este asunto y ampliarla a la reparación de daños "producidos durante la transición a la democracia, un tanto confusa y deslavazada". Por último, se pedía al Ejecutivo que facilite el acceso a datos sobre la represión franquista para "rescatar la historia".

El Gobierno también analizará hoy dos informes. Uno sobre la situación actual del Prestige y otro relativo al 1% cultural. En este último informe se apunta la creación de una comisión que coordine el destino del dinero que invierten los ministerios en conservar el patrimonio nacional y adquirir obras de arte.