La Junta dice que la zona catastrófica es "un instrumento obsoleto"

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, sostuvo ayer que la declaración de zona catastrófica es "un instrumento obsoleto que no sirve para dar una respuesta global". El PP ha pedido que se adopte esta medida en la zona del incendio de Riotinto (Huelva), pero desde 1988 no se aplica. Fue sustituida hace 16 años por una nueva figura legal, las Medidas Urgentes para Reparar Daños, que agiliza los trámites.

El Partido Popular volvió a pedir ayer en el Parlamento andaluz que la Junta solicite al Gobierno central la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por el incendio de Riotinto, que quemó más de 27.000 hectáreas en las provincias de Huelva y Sevilla. El presidente de la Junta volvió a rechazarlo, al igual que Fuensanta Coves, consejera de Medio Ambiente. Manuel Chaves afirmó que esta medida es "un instrumento obsoleto que no sirve para dar una respuesta global que permita paliar todos los daños". Coves recordó que la última vez que se declaró un territorio zona catastrófica fue en 1988. En agosto de ese año, el Gobierno socialista aprobó esta medida para paliar los efectos de las lluvias y tormentas estivales en los municipios afectados en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, La Rioja, Navarra, Burgos, Palencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

Ese mismo año, el Congreso de los Diputados aprobó un real decreto que pretendía agilizar los trámites, hasta entonces muy lentos y que podían llegar a retrasar la llegada de las ayudas económicas varios años, de la declaración de zona catastrófica. La nueva figura legal, que se llama Medidas Urgentes para Reparar Daños, se puede aplicar tan sólo con una orden ministerial o, a lo sumo, con la aprobación del Consejo de Ministros.

Desde hace 16 años, todos los Gobiernos, tanto socialistas como populares, se han acogido a esta medida. Y, según la Consejería de Medio Ambiente, ésta es la fórmula por la que ha optado el Ejecutivo central en el incendio de Riotinto.

La declaración de zona catastrófica llevaba aparejada una serie de actuaciones preferentes en los territorios que el Ministerio del Interior establecía como afectados. La Administración central se hacía cargo del 50% de los gastos derivados de la "reparación de los servicios e instalaciones afectadas". Además, se concedía una moratoria de cuatro meses en el pago de los créditos hipotecarios de los particulares de los municipios afectados; y se tramitaba la exención de las cuotas de las contribuciones territoriales rústicas y pecuarias, además de las licencias fiscales de actividades comerciales e industriales correspondientes al ejercicio anterior. Otras de las medidas que se contemplaban eran la declaración como "inhábiles" a efectos "civiles, notariales, mercantiles, administrativos y judiciales" de los días en los que se registraba el desastre natural; y se establecían una serie de líneas de crédito especiales que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) podría conceder a las personas afectadas.

En las Medidas Urgentes para Reparar Daños, fórmula por la que se ha optado desde 1988, no se contempla la moratoria del pago de los créditos hipotecarios de los particulares afectados. Por último, tampoco se aplica la declaración de jornadas inhábiles a los días para los que se produjo el desastre. El resto de medidas de urgencia son similares a las que se recogen en la declaración de zona catastrófica.