Alonso acuerda con la oposición suspender su decreto de guarderías

El alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, ordenó ayer suspender hasta el 30 de septiembre el decreto de escuelas infantiles municipales, como fruto de un acuerdo alcanzado con todos los grupos de la oposición. Alonso y los demás portavoces pidieron a los sindicatos que desconvoquen la huelga y posibiliten el inicio, mañana, del curso escolar, para abrir una negociación en el grupo de trabajo creado al efecto y que se reunirá hoy mismo. La suspensión sigue dejando fuera a las 32 interinas que perdieron su contrato en julio. Las educadoras decidirán hoy en asamblea su posición.

El decreto, firmado el 27 de julio, que originó una movilización de las trabajadoras que dura hasta hoy, contempla tanto una ampliación de calendario y horario como una exigencia de menor titulación, acorde con los dictados del Gobierno vasco. Alonso justificó su cambio de posición, tras unas duras declaraciones el viernes que parecieron cerrar todas las puertas, en la modificación del "talante"que, según dijo, observó ayer en los grupos de la oposición, con quienes mantuvo una reunión sobre el conflicto.

"He visto una talante de responsabilidad y un esfuerzo de comprensión hacia la postura del equipo de gobierno, que no es un capricho", dijo para explicar su decisión. "Espero ahora la respuesta de la parte sindical. La pelota está en su tejado", añadió. El alcalde cerró la puerta, sin embargo, a la posibilidad de volver a contratar a las trabajadoras despedidas. "Los funcionarios interinos lo son hasta que finalizan sus contratos", justificó, para mostrarse favorable a convocar una oposición que consolide el servicio. "Pero nadie puede garantizar que vayan a entrar las mismas personas que estaban", advirtió.

Alonso, que dijo entender el "desconcierto" de los sindicatos ayer, tras conocer el acuerdo de gobierno municipal y oposición, les llamó a "no tensar la cuerda hasta romperla" y a no entender su cesión "como debilidad".

El acuerdo político alcanzado deja en una difícil posición a los sindicatos, impelidos bien a desconvocar una huelga sin solucionar el problema de las empleadas que ya se han quedado sin trabajo, bien a aparecer en una postura de intransigencia cuando la Alcaldía sí se ha movido de su posición anterior. Los representantes del comité de empresa, que fueron informados del acuerdo en una reunión que tenían prevista de antemano con los grupos de la oposición para consolidar una posición común frente al equipo de gobierno del PP, se mostraron ya divididos en una primera valoración.

Mientras CC OO calificó de "positiva" la actuación de PNV, PSE, EB y EA, y los consideró "compañeros de viaje" en su intento por encontrar una solución, el representante de LAB admitió sentirse "si no traicionado, sí defraudado" y tachó de "suspensión trampa" el planteamiento efectuado.

El presidente del comité y representante de ELA, Ramón Uriarte, se reconoció sorprendido y remitió la decisión sobre la desconvocatoria de huelga a una asamblea que las trabajadoras celebran hoy. También anunció que, en todo caso, se mantiene la manifestación convocada para esta tarde. Uriarte dijo entender "que la parte política quiera vender soluciones" -en referencia a la actuación de los grupos de la oposición-, pero estimó que "el único logro" propiciado por el acuerdo es "abrir una negociación".

Uriarte exigió que la suspensión del decreto "sea real" y suponga, además de la recuperación del calendario anterior, la incorporación de las trabajadoras a las que se les rescindió el contrato a finales de julio. Según la cifra que ofreció, son 48 las que están sin trabajo.

Los portavoces de PNV, PSE, EB y EA se felicitaron de que el conflicto haya entrado en una vía de "distensión" y de que el equipo de gobierno haya rectificado su "cerrazón". La oposición amenazó la semana pasada a Alonso con no secundar ninguno de sus proyectos, lo que habría conducido al Ayuntamiento a la parálisis, dada su situación de minoría.

En apoyo del planteamiento de las trabajadoras salió ayer el profesorado de la Escuela de Magisterio, que estima que el decreto "pone fin a un modelo educativo de calidad, reconocido dentro y fuera de la ciudad". "La importancia social del enfoque básicamente educativo de ese modelo queda truncada en favor de una falsa mejora de la calidad del servicio", afirmaron en un comunicado que anima a la ciudadanía "a que defienda recursos sociales públicos ya consolidados".