Los chabolistas y las inmobiliarias forzaron a Inmoavance a pagar

La empresa Inmoavance, contratada por el Ayuntamiento de Sevilla para desalojar a los chabolistas de Los Bermejales, alegó ayer en un escrito remitido al presidente de la comisión de investigación que las presiones de los chabolistas, de los vecinos del barrio y de las empresas inmobiliarias forzaron la decisión de pagar a las familias para que abandonaran el asentamiento. Inmoavance anunció que no comparecerá hoy ante la comisión de investigación.

El Ayuntamiento de Sevilla contrató en febrero de 2002 a la empresa Inmoavance para organizar el realojo de los chabolistas de Los Bermejales. Según explica en su declaración escrita el consejero delegado de la compañía, Miguel Rus Palacios, el proyecto consistía en la "prestación de un servicio a cambio de un aprovechamiento urbanístico". Es decir, Inmoavance realojaba a las familias y obtenía como pago una parcela municipal.

"Además de este lógico interés empresarial", añade Rus, el proyecto "también aspiraba a crear un programa de integración social que pudiera servir de modelo para otras actuaciones". El realojo empezó en octubre de 2003 y en tres meses y 20 días se logró la integración de 19 familias compuestas por 92 personas.

Pero, según la empresa, los realojos eran cada vez más complicados debido al "rechazo social" de los chabolistas en sus nuevos barrios; el incremento progresivo del precio de las viviendas; y a que los chabolistas, que conocían el rechazo vecinal que estaban padeciendo sus antiguos vecinos ya realojados, desistieron de hacerlo. "La situación era insostenible y el proyecto de desalojo y realojo se consideraba muerto", explica Rus, quien asegura que las amenazas y agresiones personales que sufrieron en el asentamiento el ingeniero jefe y el encargado de las obras de urbanización de Los Bermejales les llevaron incluso a abandonar la empresa.

El consejero delegado de Inmoavance insiste en que fueron los propios chabolistas los que, en reuniones con la delegación de bienestar Social, "exigieron" que se les diese dinero o, "en último caso", que se les construyesen viviendas en la zona, una opción que ya se había descartado debido al rechazo de los vecinos de Los Bermejales. "En Inmoavance se tenía el convencimiento de que ninguna familia más saldría del asentamiento si no era mediante una compensación económica", añade el escrito.

En octubre de 2003 se paraliza definitivamente el proceso de desalojo y realojo y se empieza a pensar en el pago a los chabolistas como única salida. La Junta de Compensación optó finalmente por esta vía después de varias reuniones "con fuertes presiones de las cooperativas de viviendas afectadas", concluye Rus, en referencia a las cooperativas de viviendas protegidas que habían solicitado sus licencias para edificar en el asentamiento.

La negativa de Inmoavance a comparecer ante la comisión de investigación recibió ayer críticas por parte de los cuatro grupos municipales. Aunque cada uno esgrimió razones distintas. Para los dos grupos del gobierno, PSOE e IU, la empresa tenía "la obligación moral, aunque no legal" de explicar por qué incumplió el contrato con el Ayuntamiento y permitió que los chabolistas compraran viviendas en el Polígono Sur.

Asimismo, la presencia de Inmoavance habría servido para explicar las "estrechas relaciones" que, según el portavoz del PSOE, Alfonso Rodríguez, existen entre la empresa y el PA, que dirigía la Gerencia de Urbanismo hasta mayo de 2003. Su compañero de gobierno Antonio Rodrigo Torrijos (IU) se afanó también en subrayar que la persona contratada por Inmoavance para mediar con los chabolistas había trabajado hasta las elecciones de mayo de 2003 en el equipo de la entonces primera teniente de alcalde, la andalucista Paola Vivancos. Torrijos asegura, además, que el jefe de servicio de Bienestar Social, que compareció ayer, dijo que al mediador contratado "le faltaba formación y experiencia" para desarrollar esta labor.

Por su parte, la oposición también lamentó la no comparecencia de Inmoavance, aunque PP y PA coincidieron en señalar que tan importante como el testimonio de la empresa habría sido el de la ex delegada de Bienestar Social, Piedad Bolaños (PSOE) que tampoco acudió, o la del alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, cuya comparecencia pide la oposición y rechaza el gobierno.