Con el futuro educativo en juego

En el curso escolar que empieza estos días habrá 6,9 millones de alumnos de educación infantil, primaria, ESO, Formación Profesional y bachillerato en las aulas españolas. Las clases empiezan con la educación en el punto de mira político y también en el de los profesores, estudiantes y los padres de alumnos. Todos ellos se juegan algo con la nueva reforma de la educación no universitaria que prepara el Gobierno. A los estudiantes les afectará en cuestiones como la forma de acceso a la Universidad que se adopte o en las repeticiones de curso que se permitan. También la distribución que se haga entre los colegios de cada población del número de alumnos con necesidades educativas específicas (como los inmigrantes o los estudiantes con bajo rendimiento escolar). Los profesores verán revisada su carrera docente, así como el sistema de elección de los directores de los centros, y los padres, su representación en los consejos escolares. En realidad, todos los cambios afectan de alguna manera a todos estos actores.

El mayor aumento de alumnos extranjeros se ha producido hasta ahora en el curso 2002-2003

Este año se verá por qué modelo de educación infantil opta cada comunidad

Desde hace unos años, cada vez hay un mayor número de alumnos en la educación infantil (62.000 más el año pasado) y primaria (7.000 más), mientras que el descenso de estudiantes sigue percibiéndose sobre todo en el bachillerato y la Universidad. Otra característica de la actual configuración del sistema educativo (que previsiblemente avanzará este curso en la misma dirección que los anteriores) es el aumento del número de alumnos inmigrantes. El curso pasado, el número de estudiantes extranjeros aumentó en 90.000. En el anterior, el 2002- 2003, se había incrementado en algo más 100.000. La población escolar total inició su crecimiento el pasado curso (había 23.000 más), tras 15 años de descenso progresivo.

Aunque no hay prospecciones oficiales, sí existen datos claros que sirven de referencia para saber cómo irá evolucionando la presencia de alumnos inmigrantes en las aulas españolas en los próximos cursos. En primer lugar, la población extranjera representa ya el 6,24% del total en España

-según la última cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), que corresponde al 1 de enero de 2003- y en segundo lugar, el incremento de los extranjeros censados respecto a 2002 ha sido del 35%.

Otra cifra complementa a las anteriores: la natalidad en España se ha incrementado en los últimos años gracias sobre todo a las mujeres extranjeras. Esto es, desde 1996 han aumentado un 10% los partos de mujeres españolas, mientras que se han incrementado en un 350% los de madres extranjeras.

Aunque la educación obligatoria empieza a los 6 años (en primaria), la mayoría de los niños son escolarizados por sus padres entre los 3 y los 5 años. Las diferencias de escolarización a estas edades son muy diversas entre comunidades autónomas pero, a pesar de ello, se puede considerar que tres años después de empezarse a contabilizar el aumento de los nacimientos, este hecho empieza a repercutir en la población escolar.

Una de las medidas que se está aplicando actualmente de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), promovida por el PP en la pasada legislatura, es la gratuidad generalizada de la educación de 3 a 6 años. El Gobierno socialista ha indultado esta medida, al excluirla de la paralización de la aplicación de la LOCE que aprobó el pasado mayo. Sin embargo, mientras el PP se inclinaba por lograr esta gratuidad de la educación de 3 a 6 años aumentando sobre todo los conciertos a centros privados, los socialistas siempre han sido partidarios de hacerlo sobre todo aumentando las plazas públicas.

Todas las comunidades autónomas tendrán que empezar este curso escolar a implantar la gratuidad de la educación de 3 a 6 años que deberá tener cubierta en el curso 2006-2007. Es decir, todas las familias españolas tendrán derecho a una plaza escolar gratuita (en un centro público o concertado)

para sus hijos que tengan esas edades en septiembre de 2006.

Este año también se empezará a ver por qué modelo optan las comunidades para poner este sistema en marcha: por aumentar las plazas en los colegios privados concertados o en los públicos. En cualquier caso, muchas comunidades autónomas ya tienen mucho camino avanzado en este terreno. De hecho, algunas comunes, como el País Vasco y Navarra, tienen ya garantizadas las plazas para todos los niños de esas edades. Pero en entre unas comunidades y otras se da una gran diversidad de situaciones sobre esta gratuidad. Es además un hecho que las comunidades que cuentan con más plazas gratuitas para estas edades (como Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Navarra y la Rioja) tienen más educación infantil privada concertada que el resto de las regiones.

La educación tendrá este curso un espacio relevante en la actualidad política. El Ministerio de Educación ha mandado a las comunidades los 15 puntos sobre los que quiere basar su reforma de la Ley de Calidad y sobre los que las comunidades deben enviar propuestas y opiniones al Gobierno antes del próximo miércoles.

De forma paralela, el equipo de la secretaría de Estado de Universidades está preparando los cambios de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), también promovida por el PP en la pasada legislatura. En este caso, el Gobierno no se propone aprobar una nueva ley, sino introducir modificaciones en algunos aspectos de la LOU, especialmente en los que más se mostraron en desacuerdo los rectores. El ministerio eliminará la prueba de habilitación nacional para ser profesor funcionario y convertirá en un organismo público a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El Gobierno de los populares la estableció como fundación privada y puso de director al que era en el momento de su creación el director general de universidades, Ismael Crespo. Los rectores se rebelaron contra la fórmula que eligió el Gobierno del PP para la ANECA, que es la organización que se ocupa de evaluar a las universidades.

En el terreno universitario también está pendiente la aprobación (prevista para antes de Navidad) de los reales decretos que establecerán cómo serán las futuras titulaciones de grado y posgrado. Las carreras de grado durarán entre tres y cuatro años y las de postrado presumiblemente uno o dos. Su aprobación implicará la reforma y redefinición de la duración y de los contenidos de todas las carreras españolas para adaptarlas al espacio europeo de educación superior, algo que debe estar hecho antes de 2010.