El Estado asumirá este año 5.600 millones de euros del total de la deuda de Renfe

El Estado asumirá este año 5.600 millones de la deuda actual de Renfe, casi el 80% del total, con el fin de dejar limpias las cuentas de la empresa antes de que entre en vigor la ley de liberalización ferroviaria en 2005. Los ministerios de Hacienda y de Fomento ultiman el pacto para hacer posible ese traspaso. De ese importe, se incorporarán 1.800 millones directamente en las cuentas del Estado, lo que engrosará el déficit público de este año. Los 3.800 millones restantes podrían aumentar el déficit público o traspasarse a un ente público. Renfe se quedará con 1.600 millones de deuda correspondiente a la compra de trenes.

El Gobierno quiere poner fin a las deudas de Renfe, heredadas de otras administraciones, antes de que en 2005 pierda su condición de monopolio con la entrada en vigor de la ley de liberalización ferroviaria.

Los ministerios de Economía y de Fomento ultiman un acuerdo para que el Estado asuma este año casi el 80% de la deuda total de Renfe, 5.600 millones de los 7.200 millones de euros. De ese importe, 3.800 millones corresponden a la denominada deuda histórica, derivada del retraso del Estado en realizar las aportaciones para el mantenimiento de la red y los 1.800 millones restantes van asociados a la adquisición de infraestructura, según informaron fuentes de la Administración.

Renfe, tal y como era el deseo de su presidente, José Salgueiro, mantendrá el pasivo correspondiente a la compra de material rodante (fundamentalmente trenes), que asciende alrededor de 1.600 millones de euros.

El dilema de las cuentas

Uno de los dilemas que se plantean hasta ahora es si el Estado asume directamente esos 5.600 millones o traspasa una parte a un organismo público autónomo. La diferencia es que, en el primer caso, computa como déficit público y en el segundo no, como sucede con la deuda de organismos como Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) o el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

Aunque aún no está tomada la decisión definitiva, la intención del Gobierno es utilizar una fórmula mixta. Asumirá directamente en las cuentas del Estado la deuda heredada de 1.800 millones correspondiente a la compra de infraestructura. Sobre los 3.800 millones restantes no está tomada aún la decisión, pero podrían incluirse en las cuentas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el ente público de nueva creación que gestionará el sistema ferroviario cuando se liberalice, o también formar parte del déficit.

La formalización de este traspaso se incluirá además con el resto de compromisos imprevistos del Estado que anunció Solbes que se asumirían en las cuentas de este año, y que previsiblemente elevarán el déficit del Estado (sin comunidades ni Seguridad Social) alrededor del 1% del producto interior bruto.

Esos compromisos pendientes son: 2.750 millones correspondientes a ajustes no incluidos en la estimación inicial de déficit; el pago pendiente a Andalucía desde el anterior sistema de financiación autonómica, que atribuyó a esta comunidad menos población de la real (2.500 millones); la inclusión del déficit de Radiotelevisión Española a la que obligó Bruselas (630 millones) y un aval del Estado a un crédito concedido a Argentina (260 millones).

Si a esta partida de imprevistos se le suma ahora la deuda de Renfe cabe el peligro de que se dispare el déficit del Estado. No obstante, en el cómputo final del déficit público, ese desequilibrio se compensará, al menos parcialmente, con el previsible superávit que arrojarán las cuentas de la Seguridad Social.

La aligeración de la deuda de Renfe es una asignatura pendiente antes de la liberalización ferroviaria, cuya entrada en vigor fue aplazada durante un año por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

Y es que Renfe debe abandonar su doble condición de gestor y de empresa de transporte. La primera función será asumida por el ADIF, al que se traspasan las vías, el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (encargado de la construcción de las líneas del AVE) y se le encargan las futuras inversiones en la red convencional. Además, el ADIF gestionará el tráfico ferroviario, cobrando cánones y peajes a las distintas empresas, entre las que Renfe será una más.

Y es que la empresa ferroviaria se convertirá en una mera empresa transportista que en principio se mantendrá en manos públicas y que tendrá que competir con otras compañías y, como ellas, pagar un peaje al Adif por el uso de las vías

Los sindicatos han pedido que Renfe nazca sin deuda de ningún tipo, con el fin de competir con garantías en el nuevo mercado liberalizado.