El Gobierno lleva a los juzgados las irregularidades en el chalet de Ardanza

Las irregularidades urbanísticas del chalet del ex lehendakari y actual presidente de Euskaltel José Antonio Ardanza, ubicado en la reserva de Urdaibai, ya están en los tribunales. El Gobierno ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Arteaga, el municipio vizcaino donde se ubica el caserón, por su negativa a actuar en este caso.

La demanda se interpuso el pasado 30 de julio, "en plazo legalmente establecido", según informó ayer el Departamento de Medio Ambiente. El Ejecutivo había decidido formalmente, en un Consejo de Gobierno celebrado el 27 de abril, trasladar este caso a los juzgados si el consistorio de Arteaga mantenía su postura. Este ayuntamiento, gobernado por el PNV, se ha declarado "no competente" para resolver las infracciones del chalet, dos años después de que varios informes técnicos constataron seis ilegalidades, como la construcción de dos plantas no previstas en el proyecto, la superación en 1,20 metros de la altura autorizada y la inclusión de una piscina. Además, el Patronato de Urdaibai, órgano que gestiona la reserva, constató un aumento de un 38,6% en la superficie construida, que pasó de los 634 metros cuadrados proyectados a 879. La familia Ardanza utiliza la vivienda desde hace dos años.

La denuncia del Gobierno argumenta que el Ayuntamiento debe actuar y restaurar el "ordenamiento urbanístico conculcado" en las obras. Los tribunales deberán determinar si, como sostiene el Ejecutivo, es el municipio quien debe intervenir en el caso al tratarse de un asunto de urbanismo.

El Ayuntamiento de Arteaga tiene otra demanda judicial por este asunto presentada por el Taller de Ecología de Gernika, el grupo que realizó las primeras denuncias sobre el inmueble de Ardanza. Esta es la segunda vez que el Gobierno lleva a los tribunales a un municipio de Urdaibai por incumplir la ley de protección de la reserva. El primer caso fue contra el consistorio de Mendata por otro chalet que transgredía la normativa de Urdaibai, y el Tribunal Superior dio la razón al Ejecutivo.