La OMC autoriza a la UE y a siete países a sancionar a EE UU por ayudas ilegales

La Organización Mundial de Comercio (OMC) dio ayer luz verde para que la UE y siete países ajenos, entre ellos Japón, India y Brasil, puedan sancionar a Estados Unidos por una norma que permite abrir procesos contra empresas extranjeras acusadas de competencia desleal y poner multas o exigir daños por el triple del posible perjuicio. El dinero que se cobra gracias a esta ley, unos 900 millones de dólares desde 2000, EE UU lo reparte entre las empresas denunciantes, lo que supone una forma de ayuda ilegal. La Comisión Europea, que ha insistido en que no quiere otra guerra comercial, reunirá a los Estados miembros en breve para decidir qué medidas adoptar.

La UE, Japón, Brasil, India, Chile, Canadá, Corea del Sur y México lograron ayer una importante victoria en el seno de la OMC contra Estados Unidos. La organización ha dado al bloque y a los siete países la posibilidad de imponer sanciones hasta que el Congreso estadounidense no derogue la llamada enmienda Byrd (impulsada por el senador Robert Byrd), sancionada en octubre de 2000 y que permite a las empresas de este país entablar procesos civiles o criminales contra compañías extranjeras a las que acusan de competencia desleal.

Si el dictamen es desfavorable, las autoridades pueden multar a las empresas extranjeras o condenarlas a resarcir a la denunciante por el triple del perjuicio sufrido. Una vez impuesta y pagada la sanción, el servicio de aduanas está facultado para distribuir entre las empresas denunciantes el dinero recaudado. La violación a las normas de la OMC es por partida doble. Por un lado, Estados Unidos impone sanciones de forma unilateral contra la supuesta competencia desleal y, por otro, subvenciona a sus empresas con el dinero que recauda. La norma estimula las denuncias, y se calcula que gracias a ella las compañías estadounidenses se han embolsado entre 2001 y 2003 unos 900 millones de dólares.

Once países demandaron originalmente a Estados Unidos por la enmienda Byrd, pero sólo ocho han pedido a la OMC que les permita imponer sanciones, ya que los otros tres (Australia, Indonesia y Tailandia) han dado tiempo hasta enero de 2005 a Washington para derogar la norma. Para el resto de los países, Estados Unidos debió haber dejado sin efecto la norma desde el 27 de diciembre pasado, la fecha límite que la OMC le había dado tras declarar ilegal la norma, en enero de 2003. No obstante, ante la pasividad estadounidense, la UE y los otros países decidieron solicitar la luz verde para imponer sanciones.

Pascal Lamy, comisario de Comercio de la UE, celebró como una victoria de la lógica la decisión de los árbitros de la OMC. Los 25 países de la Unión Europea tienen que decidir ahora qué tipo de medidas de represalia adoptan, con el visto bueno de la OMC.

"Los instrumentos de defensa comercial son herramientas legítimas, pero tienen que seguir las normas de la OMC", señaló ayer Lamy en un comunicado. "Está claro que la enmienda Byrd es incompatible con la OMC y, por lo tanto, tiene que desaparecer. Confío en que Estados Unidos elimine esa medida y evite así el riesgo de sanciones", añadió. La UE no tiene el menor interés en desencadenar una guerra comercial con Estados Unidos y va a darse un tiempo antes de ejercer su derecho, junto a los otros siete demandantes, de tomar represalias que sumen un total de 150 millones de dólares, el 72% de los beneficios obtenidos el año pasado por la industria estadounidense, conforme a lo aprobado por la OMC. La UE estima que en 2001 los perjuicios padecidos por la Unión alcanzaron los 57 millones, y 65 millones en 2002, sobre los que deberá aplicar el 72%.

"Es una victoria del principio de que podemos imponer sanciones", subrayó Arancha González, portavoz de Lamy. El objetivo de Bruselas es "adoptar las medidas que sirvan de incentivo a Estados Unidos para cambiar su legislación", dice González, aun consciente de que en año electoral y en periodo de vacación parlamentaria, la modificación de la enmienda Byrd deberá esperar.

La nueva capacidad de represalia de la Unión se suma a la que desde marzo viene ejerciendo Bruselas por la legislación que favorece ilegítimamente a las compañías exportadoras (FSC, en sus siglas en inglés) de EE UU. La UE empezó en marzo a aplicar sanciones por valor de 16 millones de dólares, aumentadas progresivamente cada mes y que en agosto supusieron 33 millones, hasta alcanzar un total acumulado de 148 millones de dólares. El Congreso de EE UU aceptó en su día modificar esa legislación, pero el proceso está paralizado en la fase de conciliación entre los distintos proyectos de ley aprobados por ambas Cámaras.

La reacción estadounidense no fue clara. Christopher Padilla, portavoz del secretario de Comercio, Robert Zoellick, dijo que "Estados Unidos se someterá a sus obligaciones en el seno de la OMC", aunque destacó que la decisión del organismo "no afectará" a la capacidad de EE UU a sancionar la competencia desleal.