El Tribunal de Cuentas denuncia el descontrol de Hacienda sobre el cobro de tasas estatales

El Tribunal de Cuentas, tras analizar los 8.233 millones que el Estado cobró a los ciudadanos en tasas por múltiples conceptos (DNI, certificados de justicia, seguridad en aeropuertos), ha instado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a que intensifique su control y seguimiento del procedimiento recaudatorio, en especial del desarrollado a través de cuentas restringidas (específicas). Tal petición se realiza tras documentar múltiples anomalías: confusa base legal; opacidad sobre lo recaudado; retrasos en las entregas al Banco de España e incluso distracciones de sumas.

Un informe del Tribunal de Cuentas, aprobado el pasado mes, plantea un alarmante funcionamiento del Estado en el cobro de tasas. Unos pagos de los ciudadanos por una prestación estatal que sumaron 8.233 millones en el periodo fiscalizado (1999/2001). Las conclusiones globales de su radiografía son las siguientes:

- Dudas sobre el soporte legal. Ni siquiera el propio tribunal, tras intentar analizar la justificación legal de algunas tasas existentes, fue capaz de aclararse sobre su base. "La antigüedad e inadecuación de la normativa de bastantes de estas tasas hubiera demandado la elaboración de uno o más textos refundidos de las tasas estatales exigibles que sirviera para dotarles de la necesaria seguridad jurídica. Algunas tasas se han venido exigiendo sin el suficiente respaldo normativo".

- Sin relación coste-servicio. La tasa persigue retribuir el coste de un servicio prestado por el Estado. Pero este principio se cumple a oscuras desde el momento en que en un "grupo considerable de las tasas analizadas (al menos 34)" no se dispone de la preceptiva memoria económica que evalúe la prestación estatal. Y, en el resto, añade, tal estudio económico suele carecer de un riguroso análisis del coste de los servicios.

- Descontrol de la AEAT. El Tribunal reprocha a la Agencia Estatal de Administración Tributaria su laxitud en el control de estas tasas en varios puntos.

-En un número significativo de casos, el importe transferido al Banco de España no se correspondía con el saldo de cuenta. En ocasiones, requirió pagos de tasas ya ingresadas.

-No realizó un control y seguimiento suficiente sobre las cuentas restringidas utilizadas por ministerios u organismos estatales para el ingreso de tasas. Por esta vía se recaudaron 8,7 millones. "Por lo general, ni los departamentos ministeriales ni los organismos autónomos remitieron dentro del plazo fijado la relación del importe recaudado".

-Durante el periodo fiscalizado ninguno de los 37 organismos públicos distintos de organismos autónomos -Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, AENA, etcétera- cumplió la obligación de remitir a la Agencia Tributaria la relación mensual de los importes recaudados por tasas, sin que esta última realizara requerimiento alguno al respecto hasta el mes de octubre de 2002". Y este descontrol se produjo a pesar de que dichos organismos recaudaron más de la mitad del total de las tasas: 4.724 millones, frente a los recolectado por ministerios (1.479 millones) y organismos autónomos (2.030 millones).

- Caos interno. En gran parte de las tasas se observan importantes debilidades de control interno: no se han implantado manuales de procedimiento para su gestión; no se han establecido sistemas de revisión de las liquidaciones ni controles sobre la recaudación, deudores y devoluciones; no existen registros para el control del seguimiento de las tasas, ni se aprecia un sistema de archivo correcto de los expedientes. Este sobrevuelo global alcanza tintes más sombríos cuando el informe disecciona ciertas tasas.

- Injusticia en Justicia. El Ministerio de Justicia comete una injusticia al vender sus certificados: "Estas tasas no se hacen recaer sobre la expedición de los certificados, como establece su normativa reguladora, sino sobre la mera adquisición del impreso, lo que provoca un exceso de recaudación de alrededor del 20% por impresos no utilizados". Además, la naturaleza de dichos impresos como efectos timbrados es "muy confusa y contradictoria". Por otro lado, "la empresa Altadis [antigua Tabacalera] percibe una comisión del 25% por la venta de estos impresos, muy superior al 6% que percibe por la venta de otros efectos timbrados, sin que esté justificada tal diferencia.

También se realiza la venta de los mismos por el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, sin cobertura legal. El control del ministerio sobre la gestión de la empresa y colegio son muy deficientes".

- Despegue radioeléctrico. El informe reseña un hecho sorprendente: en 2001 se fijaron nuevos coeficientes para el cálculo de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. No hay modo de calcular su valor. La Ley General de Telecomunicaciones no aporta ningún dato que permita evaluar el hecho imponible. Sin embargo, en 2001, vía Ley de Presupuestos, se incrementó en un 1.200% su importe. Generó una avalancha de recursos sobre 896 millones de euros, la práctica totalidad de las liquidaciones.

- Sobreprecios en obras. El informe propone suprimir una serie de tasas que aplican ministerios como Fomento, Medio Ambiente o Agricultura a los contratos de obras en concepto de dirección o inspección (entre el 3% y 5% sobre el importe líquido de las certificaciones de obra). "La exigencia de tales tasas tiene incidencia en el precio final de los contratos de obras a través de su efecto sobre el presupuesto de ejecución por contrata", ya que el actual reglamento general de la Ley de Contratos permite incrementarlo entre un 13% y un 17% para satisfacer, entre otros conceptos, las tasas de la administración establecidas. "En conclusión, la subsistencia de estas tasas que suponen simultáneamente un ingreso y un gasto podía tener sentido en el momento en que fueron creadas porque su recaudación tenía como destino retribuciones directas a los funcionarios. Desaparecida legalmente esa aplicación finalista, debería estudiarse la posibilidad de suprimir la tasa, y la inherente reducción de los porcentajes de incremento de los presupuestos de ejecución material de las obras afectadas".