La reforma de un divorcio desfasado

Más de cinco años de sufrimiento. Así recuerda María, de 40 años, su proceso de divorcio. Tras una década de matrimonio, la separación se le hizo eterna. Ella y su marido optaron por pedirla de mutuo acuerdo, la manera más rápida y sencilla, pero todo se complicó. "Fui víctima de la burocracia", explica. "Pasamos dos meses negociando el convenio que iba a regular nuestra separación. Cuando estuvo listo, la sentencia tardó dos años, lo que supuso un montón de trámites y gastos". Como su marido quería casarse de nuevo, continuaron el proceso de ruptura para divorciarse. "Me ponía enferma al pensar que tenía que volver a pasar y a pagar por lo mismo. Además, había que revivirlo todo".

"No debería obligarse a declarar a los hijos mayores de 12 años si hay acuerdo"

"Tardé más de cinco años en divorciarme, aunque lo hicimos de mutuo acuerdo"

Como María (pide silenciar su nombre verdadero, al igual que los demás protagonistas de este reportaje), otras 1.622.227 parejas han pasado por la separación o el divorcio desde que se aprobó la disolución matrimonial en 1981. La norma obliga a separarse antes de poder pedir el divorcio. Con el anteproyecto de ley que ultima el Ministerio de Justicia para reformarla, este trámite obligatorio desaparece. Según ha explicado el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, pretenden que el proceso sea "más ágil y concentrado" y que se reduzcan los trámites y la duración del proceso para que haya menos "posibilidades de pelear". Cuando se apruebe, las parejas podrán acudir al divorcio directamente. Sin embargo, se mantendrá la posibilidad de optar sólo a la separación.

"Era necesaria esta reforma, que reduce a la mitad los trámites burocráticos de una ruptura matrimonial", explica el presidente de la Asociación de Abogados de Familia, Luis Zarraluqui. Según esta entidad, suprimir la obligación de separarse antes de pedir el divorcio reducirá entre un 30% y un 40% el volumen de trabajo de los juzgados competentes. Sin embargo, la presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Ángela Alemany, cree que la reducción no será tan sustanciosa porque, dice, buena parte de los procesos de separación no acaban en divorcio. De hecho las demandas anuales de separación siempre han superado a las de divorcio. El año pasado casi fueron el doble: 79.423 separaciones y 47.319 divorcios, según el Consejo General del Poder Judicial. "Aumentará el número de divorcios, pero la situación en los juzgados seguirá parecida hasta que no se pongan más medios judiciales", pronostica Alemany.

Pero ¿por qué se ha obligado a las familias a pasar dos veces por el mismo trámite? "En aquel momento hubo una concesión a la Iglesia, que proponía la separación como única forma de ruptura y creía que así los cónyuges podrían replantearse su postura en este tiempo", explica la abogada de familia Carmen Roney. Sin embargo, quienes han pasado por este proceso aseguran que cuando una pareja decide separarse no suele haber marcha atrás. "Antes de dar el paso lo piensas mucho y agotas todas las vías posibles para salvar la relación", afirma Sonia, una psicóloga de 47 años que se divorció hace seis.

La reforma que ultima Justicia permitirá también abaratar los costes del proceso, ya que no habrá que pagar dos veces para divorciarse."Para algunos abogados es como tirar piedras contra nuestro propio tejado, pero las familias no tienen porqué sufrir dos veces la misma ruptura", explica Zarraluqui.

Aunque existe la opción del abogado de oficio para quienes ganen menos de 1.000 euros brutos al mes, existe cierta desconfianza para recurrir a ellos, según algunos afectados. "Con un abogado de oficio te la juegas. Cuando se trata de tu familia, no te lo planteas aunque tengas que endeudarte, más aún si la otra parte ha elegido un buen letrado", afirma Sonia.

Aunque las tarifas varían, los colegios de abogados establecen precios orientativos. En los de Madrid y Barcelona sugieren cobrar 750 euros por todos los trámites de la separación de mutuo acuerdo. Si sólo se redacta el convenio regulador, la tarifa propuesta es de 450 euros. No obstante, cada bufete establece sus tarifas. "Hace tres años a mí me costó 2.500 euros, y eso que no tuvimos ninguna dificultad. Cada consulta a mi abogado suponía una minuta de 150 euros", explica María.

"Yo siempre recomiendo a mis clientes solucionar las cosas pacíficamente. Es menos traumático y más breve", explica la abogada Roney. Y también más frecuente. El año pasado, las rupturas amistosas ascendieron a 81.872 (53.700 de separación y 28.172 de divorcio). Unas cifras superiores a las de demandas contenciosas: 44.870 (25.723 de separación y 19.147 de divorcio).

Justicia cree que al aligerar los trámites se reducirán las posibilidades de enfrentamiento entre los cónyuges. De ahí que proyecten unos procesos más ágiles: dos meses como máximo para obtener un divorcio pactado y menos de seis para alcanzarlo sin acuerdo. Ahora, "el proceso de separación y divorcio puede tardar de uno a seis años, según el juzgado", afirma Zarraluqui.

Desde 2001, las parejas cuentan con un incentivo más para romper amigablemente. La Ley de Enjuiciamiento Civil ya permite que en las rupturas acordadas los cónyuges puedan presentar directamente la demanda sin necesidad de que intervenga un abogado o un procurador.

Cuando no hay acuerdo, "se produce una auténtica guerra familiar ante los tribunales", explica la letrada Roney. El juez decide cuestiones tan delicadas como la custodia de los hijos o el uso de la vivienda, que suele concederse a quien se queda con los niños. Los gastos aumentan y pueden suponer desde 1.500 euros hasta cantidades millonarias. En estos casos también la reforma pretende reducir los plazos.

En caso de litigio, la parte demandante tiene que alegar alguna causa para la separación y para el divorcio, como el alcoholismo o la infidelidad. La reforma de la ley "reducirá o eliminará" la necesidad de aducir motivos, según ha anunciado el secretario de Estado de Justicia. "No se puede establecer culpabilidad cuando no haya consenso, ni se puede forzar a nadie a estar casado si no quiere", añadió.

En la práctica este requisito está en desuso, según Zarraluqui. "Basta con decir que se ha acabado el amor para presentar la demanda de separación y divorcio", aclara. Sin embargo, algunos jueces han denunciado que, en ocasiones, se usan las causas para presentar falsas denuncias dirigidas a ganar ventaja en el litigio por la custodia de los hijos (ver despiece).

Aunque el proyecto de reforma aún precisa los últimos toques, la Asociación de Abogados de Familia, integrada por 800 letrados, cree que debería plantearse una revisión más amplia de la normativa, incluida la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pide que los hijos mayores de 12 años no tengan que declarar obligatoriamente en los juicios si sus padres rompen por mutuo acuerdo. "Se reconocería así el derecho del menor a no ser oído si él no lo desea. Además se evitaría que deba pasar por ese trance innecesariamente", señala Zarraluqui. Sin embargo, el Ministerio de Justicia descarta de entrada modificar este aspecto, de modo que la comparecencia de los hijos mayores continuará siendo obligatoria en todos los casos.

Las asociaciones de padres separados también tienen la vista fija en la reforma de una ley que, a su juicio, beneficia especialmente a las mujeres y fomenta los desequilibrios. Aseguran que en el 95% de los procesos la madre recibe la custodia de los hijos y quieren revertir esa situación de manera que no sea "automática" la atribución de la custodia a la madre en caso de litigio. Según Mariano Orta, representante de la Federación de Asociaciones de Padres por la Custodia Compartida, el Ministerio de Justicia se reunió con ellos y se mostró receptivo tanto a tratar esa cuestión como a incluir el mediador familiar obligatorio en las rupturas. Esta figura ha arrancado en algunas comunidades, pero aún no está generalizado. Igual ocurre con los puntos de encuentro, que favorecen el cumplimiento del régimen de visitas.