Tres meses de dura negociación por delante
El presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, se reunirá el próximo 7 de septiembre con los sindicatos para entregarles "una propuesta concreta" que sirva de base para discutir los términos del plan industrial de Izar. La negociación, a juicio de Martínez Robles, debe cerrarse "en un plazo de dos o tres meses como máximo para tratar de dar viabilidad a la empresa y garantizar la supervivencia del mayor número posible de contratos".
Desde la llegada del PSOE al Gobierno central, los sindicatos apenas han convocado movilizaciones a la espera de analizar ese plan. Un documento de trabajo utilizado por el Ejecutivo para elaborar la propuesta, aireado por la plataforma de alcaldes de los municipios afectados, establece la necesidad de reducir plantillas, concentrar centros de producción y fijar los esfuerzos públicos en el negocio militar. Estas opciones cuentan de antemano con el rechazo sindical.
Martínez Robles adelantó el miércoles algunas de las cuestiones que la SEPI sí incluirá en esta propuesta. El presidente de la sociedad estatal confirmó que Izar se segregará en dos unidades de negocio, una civil y otra militar. Según el presidente de la SEPI, la fusión promovida por el anterior Gobierno del PP de los antiguos astilleros de construcción civil (AESA), con militares de Bazán, ha resultado "completamente desastrosa". Con la separación, la SEPI pretende "proteger al mercado militar", ya que, según la norma europea, los Estados miembros no pueden subvencionar al sector de construcción naval civil, pero sí pueden, vía contratación de buques, garantizar cartera suficiente para mantener la división de construcción militar.
Por otra parte, el plan de actuación mantendrá la necesidad de "concentrar centros de trabajo en determinados casos", que según explicó Martínez Robles, "aún es pronto para concretar". Con ello se pretende reducir costes y poner en valor terrenos actualmente ocupados por algunas factorías de Izar. Aquí, se encontrará con el escollo añadido del rechazo de la plataforma de alcaldes (Puerto Real, Cádiz, y San Fernando), que se oponen a recalificar suelos. La plataforma, que quiere estar también en la negociación, se reunirá también el próximo lunes.
La SEPI mantendrá también que la única vía de salvación de los astilleros civiles pasa por dar entrada al capital privado. "Si no, deberían desaparecer", dada la imposibilidad de conceder nuevas ayudas públicas a la empresa y la feroz competencia internacional, juicio que no comparten los sindicatos. Por último, el plan industrial fijará ante Bruselas el calendario y el modo de pago de los 1.100 millones de euros que, según la SEPI, habrá que devolver al Estado por ser ayudas ilegales.
