Sanidad alerta de que falta dinero para atender a los inmigrantes que Zapatero quiere regularizar

El Gobierno regional cree que la sanidad pública está al límite de su capacidad financiera y teme ser incapaz de atender a los inmigrantes que "llegarán" a la región con el proceso de regularización que realizará el Gobierno central. Éste fue el aviso que lanzó ayer el consejero de Sanidad, Manuel Lamela. "Alguien nos tiene que explicar cómo pagaremos la asistencia a los inmigrantes", reclamó Lamela. Éste alertó de que "Madrid ya sufre un déficit anual de 50 millones de euros por la atención a los no residentes" y reclama al Estado 835 millones para "garantizar" la sostenibilidad del sistema.

La Consejería de Sanidad afirma que es "imprescindible" alcanzar un pacto de Estado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para asegurar la "viabilidad financiera" de la sanidad pública regional "a medio y largo plazo". "Este pacto le fue propuesto por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, al presidente del Gobierno [central, José Luis Rodríguez Zapatero]. Ahora reiteramos que alcanzar este pacto cuanto antes es fundamental para el futuro de la sanidad pública", declaró Lamela.

Sanidad quiso lanzar un mensaje tranquilizador para los inmigrantes. "La sanidad madrileña va a atender a todos los residentes en la región, sea cual sea su situación. Es su derecho, pero hay que abrir urgentemente el debate de cómo va a financiarse su atención médica", explicó un portavoz.

La Consejería de Sanidad basa sus reclamaciones en un doble análisis. El primero se refiere al presente y al pasado recientes, en los que afirma sufrir un "importante déficit" porque recibe menos dinero del que gasta en atender a los pacientes en los hospitales y ambulatorios. El segundo análisis se refiere al futuro y a los inmigrantes que llegarían a la región atraídos por "el efecto llamada que tendrá el proceso de regulación [de extranjeros] que quiere llevar a cabo el Gobierno central", explicó Lamela.

El consejero de Sanidad no dispone de datos de la avalancha de inmigrantes que teme, pero sí los ofreció sobre el "défict" actual de la sanidad pública: 835 millones de euros. Éste es el dinero que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, reclamó a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno central, en la reunión que ambos mantuvieron el pasado 28 de julio en el palacio de la Moncloa. Lamela reiteró esta demanda en el encuentro que mantuvo con la ministra de Sanidad, Elena Salgado, al día siguiente.

Transferencias sanitarias

El Gobierno regional basa sus reclamaciones en tres motivos. El primero es el crecimiento de la población regional en cerca de medio millón de personas desde que la Comunidad de Madrid asumió la gestión de la sanidad pública, en enero de 2002. "No es necesario renegociar las transferencias sanitarias [como reclama el secretario general del PSM, Rafael Simancas], pero sí lo es actualizar los datos con los que se calcularon las necesidades financieras de la sanidad madrileña", explicó Lamela.

El segundo agujero económico está causado por la atención médica a personas residentes en otras comunidades y que son atendidas en hospitales sufragados por las arcas del Gobierno regional madrileño.

"Existe un fondo de cohesión que es el instrumento por el que las comunidades que atienden a personas de otras regiones, como es el caso de Madrid, son compensadas por estos gastos", explicó Lamela. "Este fondo es muy insuficiente. Madrid se gasta cada año 80 millones de euros en atender a los desplazados, pero sólo recibe 30 millones por este concepto. Es decir, cada año acumulamos un déficit que supera los 50 millones", añadió Lamela.

La tercera fuente del déficit tiene su origen en la atención médica a los inmigrantes en situación irregular que viven en la región. Aunque todos ellos tienen derecho a conseguir su tarjeta sanitaria, muchos no la solicitan y sólo acuden a urgencias cuando lo necesitan. Al no tener tarjeta sanitaria, estos pacientes no constan como población residente y, por tanto, Sanidad no recibe dinero del Gobierno central por su atención médica.

Manuel Lamela teme que el déficit de la sanidad madrileña aumente con la regulación de los inmigrantes en situación irregular que puedan demostrar que llevan dos años trabajando en nuestro país. "Esta regularización puede provocar un importante aumento de la población regional legal y alguien tiene que explicarnos cómo vamos a pagar su atención médica", inquirió el consejero de Sanidad.

Además, Lamela alertó del "efecto llamada" que esta regulación puede tener, incrementando aún más la llegada de inmigrantes que no podrán regularizar su situación al no llevar dos años trabajando en España. "La regularización propuesta por el Gobierno central es un globo sonda que, si no se hace de forma controlada, atraerá a más inmigrantes a los que también habrá que atender. Esto originará un coste para el que ahora no tenemos presupuesto", concluyó Lamela.