La red pública ofrece la mitad de los psiquiatras previstos en 2001

El Plan de Salud Mental aprobado por el Consell en 2001, que estimaba una inversión de 6.500 millones de pesetas (39 millones de euros), se había trazado como objetivo alcanzar el año 2004 nueve psiquiatras por cada 100.000 habitantes para atender a los enfermos mentales en la red pública. Hoy, la red pública ofrece 4,7 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, una relación que sitúa la red valenciana en el último lugar de España.

Serafín Castellano, consejero de Sanidad en mayo de 2001, y Rafael Blasco, entonces consejero de Bienestar Social, presentaron al alimón un plan que pretendía poner "fin a la insuficiencia de recursos sociales y asistenciales, específicos e integrados", en palabras de Castellano. El responsable de Sanidad subrayó, además, que los enfermos mentales y sus familias se convertirían en el "eje central sobre el que gravitará toda la planificación en este campo".

La iniciativa cubría el vacío administrativo en materia de salud mental desde 1998, cuando expiró el plan anterior, diseñado por los socialistas en 1991. El Consell, entonces bajo presidencia de Eduardo Zaplana, abordó el asunto a lo grande: la red pública dispondría en 2004 de nueve psiquiatras, siete psicólogos, siete enfermeros y tres trabajadores sociales por cada 100.000 habitantes; y los centros de atención se multiplicarían.

En febrero pasado, una carta de Bartolomé Pérez, director general de Atención a la Dependencia, alertaba sobre la situación real del plan de salud mental tres años después de su presentación: 3,7 psiquiatras, 1,9 psicólogos, 1,5 enfermeros y 0,2 trabajadores sociales por cada 100.000 habitantes. "La carencia de medios humanos está generando, junto al visible incumplimiento del plan director", rezaba la carta, "importantes demoras en la atención a los enfermos psiquiátricos, así como un destacable deterioro de la calidad asistencial". El director general urgía la contratación de personal para cubrir "cuando menos, el 50% de lo comprometido en el plan director".

Denuncia pública

Pero las contrataciones brillan por su ausencia. María José Mendoza, portavoz socialista de Sanidad en las Cortes Valencianas, destacó el escaso efecto de "la denuncia pública" redactada por el director general responsable de Salud Mental y recordó que la mitad de las 20 áreas de salud de la Comunidad Valenciana carecen de trabajadores sociales; que la mitad ofrecen menos de dos psicólogos por cada 100.000 habitantes; y que la tercera parte disponen de menos de cuatro psiquiatras por 100.000 habitantes.

Mendoza también recordó que el plan tenía previsto concentrar en una única red todos los recursos dirigidos a la atención de la salud mental. Pero a día de hoy, más de la mitad de los profesionales dependen de las diputaciones provinciales. La red, además, carece del carácter abierto que establecía el plan. Según Mendoza, la mitad de los profesionales trabajan en instituciones cerradas, "básicamente antiguos hospitales psiquiátricos", que se consideran obsoletos.

La reforma de la atención al público, que preveía toda una red de centros específicos para los enfermos mentales sigue pendiente. Aún se mantienen 11 consultas de psiquiatría en centros de especialidades del Servicio Valenciano de Salud, donde un médico ocupa un despacho durante dos horas al día para pasar consulta sin ningún asistente. La verdadera dimensión del problema reside en los plazos de espera que deben soportar los ciudadanos para acceder a una primera consulta por dolencias de carácter neuropsiquiátrico, que alcanzan un mes y medio, por ejemplo, en el ambulatorio de Monteolivet, en Valencia.