Bush tiene la última palabra sobre el destino de los detenidos

Los tribunales militares que comienzan mañana en Guantánamo tienen funciones distintas de los tribunales de revisión del estatuto de combatientes enemigos. Los tribunales militares, a los que el Pentágono denomina "comisiones", están compuestos por un grupo de cinco a siete miembros.

El que va a juzgar a los cuatro primeros acusados tiene cinco miembros porque la fiscalía no ha solicitado la pena de muerte, en cuyo caso se requiere un panel de siete miembros y una decisión unánime. En caso de ser declarados culpables de conspirar para cometer actos de guerra y asesinatos, la máxima sentencia sería cadena perpetua y requeriría el acuerdo de dos tercios del tribunal.

Un veredicto de absolución no implicaría necesariamente su liberación, al menos de manera inmediata. Sus abogados podrían acudir a la justicia civil de Estados Unidos amparados en un reciente fallo del Tribunal Supremo que les concede el derecho de apelar sus detenciones. Al menos dos de los letrados ya han interpuesto recursos de hábeas corpus ante tribunales federales.

Los detenidos tienen derecho a la presunción de inocencia, a no testificar, a presentar pruebas y testigos y a apelar su sentencia ante tres militares nombrados por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. En caso de que se ratifique la sentencia, los acusados tienen la opción de recurrir ante el propio Rumsfeld y, en última instancia, ante el presidente, George W. Bush.

El presidente tiene poder unilateral para seleccionar a detenidos "enjuiciables" (15 hasta el momento, aunque sólo a cuatro les han imputado cargos), para definir delitos, elegir a fiscales, autorizar acusaciones y anular veredictos.