El Gobierno catalán acelera su actividad y prepara 35 leyes para antes de final de año

Tras su inicio titubeante y a cámara lenta, el Gobierno catalán quiere demostrar a la vuelta de vacaciones que marcha a velocidad de crucero y que ha puesto en primer término su agenda social y no sólo las cuestiones simbólicas. El Ejecutivo de Pasqual Maragall prepara una cascada de reformas legales y de nuevos proyectos legislativos que, si se cumple el plan previsto, pondrá fin a la placidez que hasta ahora caracterizaba la actividad del Parlament en esta legislatura: el programa del Gobierno incluye la aprobación de 35 proyectos de ley antes de que acabe el año.

El Gobierno de izquierdas se mostró en su arranque como el menos productivo de la historia del autogobierno en términos de producción legislativa. Pero una vez pasado el ciclo electoral y superadas, al menos teóricamente, las crisis que le asediaban, aquel inicio quedará sepultado por la cascada de nuevas leyes o reforma de las ya existentes en marcha. Paradójicamente, también quedará sepultada la explicación oficial de la escasa productividad legislativa, según la cual el nuevo Gobierno se regía por el principio liberal de "cuantas menos leyes, mejor".

La reunión de mañana del Consell Executiu marcará no sólo el fin de las vacaciones sino el inicio de una etapa muy intensa para el Gobierno hasta fin de año. En la esquina aguarda el momento crucial y más intenso del debate para la reforma del Estatut, la aprobación de los presupuestos para 2005 y el torrente de reformas legales que entrarán en el Parlament según el programa elaborado por el Ejecutivo.

El documento, que lleva el membrete del Departamento de Relaciones Institucionales y Participación, ordena las leyes que prepara el Gobierno en función de la previsión cronológica de su aprobación. Prácticamente todos los departamentos tienen muy adelantada alguna reforma legal para llevar a la Cámara antes de que acabe el año.

Los proyectos de ley que se encuentran en una fase más avanzada son el de reconocimiento y apoyo al asociacionismo educativo y juvenil, por un lado, y el de modificación de la ley de iniciativa popular, por el otro. El primero se propone "delimitar qué se entiende por asociacionismo educativo y juvenil", qué mecanismos de reconocimiento requiere y qué herramientas necesita para facilitar su labor.

Instrumento de participación

La reforma de la ley de iniciativa legislativa popular quiere desarrollar "este instrumento de participación" y, sobre todo, "crear mecanismos para evitar la desnaturalización de su espíritu". En la pasada legislatura, una iniciativa popular contraria a la incineración de residuos acabó sirviendo para legislar sobre ella, lo que indignó a los promotores de la propuesta, y llegó a la Cámara avalada por centenares de miles de firmas.

Entre las leyes programadas para septiembre destacan varias iniciativas relacionadas con Trabajo e Industria, entre ellas la ley de participación institucional, muy reclamada por los agentes sociales, la ley de creación de la Agencia Catalana de Inversiones y la modificación de la ley del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña.

En octubre la actividad legislativa no se limitará, según las previsiones oficiales, a la Ley de Presupuestos para 2005 y a la ley de acompañamiento, que se aprovechará también para convertir el Centro de Promoción de Cultura Popular y Tradicional en una entidad autónoma. Para este mes están previstas, entre otras, dos leyes muy emblemáticas del componente rojiverde del Ejecutivo: la ley de creación del Memorial Democrático y la ley del paisaje.La ley del Memorial Democrático está coordinada por el Departamento de Relaciones Institucionales y Participación, en cuyo frente figura Joan Saura, y tiene el objetivo de "recuperar la memoria histórica de la lucha para la democracia", siguiendo los ejemplos de Francia y Alemania. La del paisaje es responsabilidad de Política Territorial y se propone "preservar y proteger, planificar y, si conviene, restaurar el paisaje de Cataluña, en un marco de desarrollo sostenible, evolución ordenada de la urbanización, uso racional del suelo y ahorro de recursos".

El Departamento de Interior sigue empeñado en endurecer la lucha contra la conducción temeraria, a pesar de que la modificación legal correspondería al Congreso de los Diputados, ya que las competencias en materia de tráfico corresponden a la Administración central. Aun así, el Gobierno proyecta aprobar en el Parlament un proyecto de resolución que posteriormente sería discutida en el Congreso, instando a modificar el Código Penal para "elevar las penas ante conducción temeraria".

Entre los proyectos que deberían aprobarse antes de que acabe noviembre destacan los siguientes: la ley de la vivienda -poniendo énfasis en medidas para la "promoción de vivienda protegida"-; la de reforma del impuesto de sucesiones y donaciones y la del sector ferroviario de Cataluña. También la reforma de la Ley de la Sindicatura de Cuentas -con el objetico de reforzar su capacidad de fiscalización- y la ley de la Escuela de Seguridad de Cataluña.

El documento de trabajo del Ejecutivo prevé que diciembre será también un mes frenético, con la aprobación de un mínimo de nueve leyes: de Contratos de cultivos -para "superar la inseguridad y hacer más transparente el mercado de la tierra"-; del Consejo de la Cultura y las Artes; de Espectáculos; de Emergencias y Protección Civil; de Seguridad Pública; de Colegios Profesionales, de Actividades piscícolas, y la modificación de la ley de prevención y asistencia en materias de sustancias que pueden generar dependencia. Esta última tendrá en cuenta las nuevas "restricciones para el consumo de tabaco en lugares públicos".

Algunos proyectos de gran importancia están aún pendientes de fecha de aprobación, pero el documento los incluye para antes de que finalice 2004. Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Audiovisual, que ya se está debatiendo en la Cámara, la modificación de la Ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, la modificación de la ley de parejas de hecho y la creación de la Agencia de Dependencia. Este último proyecto pretende "garantizar el acceso, la igualdad territorial y la calidad de los servicios sanitarios y sociales para todas las personas con dependencia" y ofrecer "un servicio integral, sanitario y social a domicilio".