Cárceles: no sólo, pero también reinserción

La reinserción no es el único fin del sistema penitenciario, al que deban supeditarse todos los demás. Esa reflexión, frente a visiones idealistas del problema, llevó a corregir algunas medidas que se revelaron peligrosas o inviables. Ahora nos encontramos ante el problema contrario. El endurecimiento de las leyes penales en la anterior legislatura y la aplicación de la prisión preventiva a una franja significativa de la delincuencia menor ha provocado un aumento muy considerable del número de reclusos. Ello, más la restricción hasta el límite de la reinserción social y, consecuentemente, de los beneficios penitenciarios,

ha provocado un hacinamiento en las cárceles que es fuente de tensiones entre los internos y dificulta la aplicación de las políticas penitenciarias de regeneración.

Es cierto que ha habido otros factores, como la actividad creciente de la delincuencia organizada de origen extranjero y el aumento de la población, por la llegada de inmigrantes que han contribuido con su parte alícuota al aumento de la delincuencia y de la población reclusa. Ignorar esos factores sería cerrar los ojos a la realidad. Pero el resultado es una situación de muy difícil gestión. Hace tres años España era el tercer país de la UE, tras Portugal e Inglaterra y Gales, en porcentaje de presos -125 por cada 100.000 habitantes-, mientras es posible que hoy ocupe el primer puesto: 59.199 reclusos, es decir, 140 por cada 100.000 habitantes. Un número de presos que supera al menos en un tercio el de celdas disponibles.

Los nuevos responsables de Instituciones Penitencirias han avanzado algunas medidas para aliviar una situación que degrada la convivencia, dificulta la vigilancia y hace imposible el seguimiento individualizado de la conducta del recluso. Una de ellas, la que ha suscitado más polémica, es permitir que los presos insolventes reinsertados puedan disfrutar del tercer grado -salir a la calle y pernoctar en prisión-, aunque no hayan abonado a su víctima la cantidad fijada en la sentencia en concepto de responsabilidad civil. Eso sí, deberán comprometerse a pagarla con el fruto de su trabajo en el exterior. La Asociación Profesional de la Magistratura ha tildado la medida de perjudicial para la víctima. Es un mal argumento porque, aparte de que resulte cuestionable vincular la reinserción social a cuestiones ajenas a la evolución de la conducta penitenciaria del recluso, la medida resulta favorable para la víctima: tendrá más posibilidades de cobrar si el recluso trabaja fuera de la prisión.

Se trata en todo caso de una medida de escasos efectos sobre la masificación carcelaria. Si se mantiene el sistema penal-penitenciario instaurado en los últimos años, la única opción es construir más cárceles, disponer de más funcionarios y, en definitiva, destinar más inversión pública al mundo carcelario. Algo que no hizo el anterior Gobierno, que no puso ni un ladrillo de las cuatro nuevas cárceles previstas para absorber el aumento de población reclusa. La nueva directora general, Mercedes Gallizo, ha adelantado que, además de las cuatro nuevas prisiones cuya construcción ya está aprobada, propondrá al Gobierno tres o cuatro más, en Navarra, Ceuta, Canarias y posiblemente en el País Vasco. Se trata de crear las condiciones mínimas necesarias -un recluso, una celda; actividades formativas en los centros- para que la cárcel sea, antes que escuela de delincuencia y foco de broncas de unos presos desocupados y hacinados, oportunidad de cambio de vida para los presos. Y, respecto a los terceros grados, la directora general ha precisado que no se trata de flexibilizar las condiciones de su concesión, sino de eliminar las "trabas burocráticas innecesarias" que la dificultan.