El 74% de las mujeres que trabajan en el campo lo hace de forma irregular

Sólo el 26% de las mujeres tiene reconocidos sus derechos en el sector agrario y el 74% restante se encuentra en situación irregular. Además, solamente el 10% de las mujeres que trabajan en la explotación familiar recibe prestaciones sociales. "El medio rural está masculinizado, envejecido y despoblado. Las mujeres tenemos un papel activo, pero no se reconocen nuestros derechos", asegura Inmaculada Fernández, responsable del área de la mujer de COAG. "El futuro pasa por el autoempleo, pero necesitamos instrumentos adecuados para llevarlo a la práctica", añade.

Según la organización agraria COAG, de las 48.000 explotaciones familiares registradas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y en el Especial de Trabajadores Autónomos, únicamente en el 10% figuran mujeres inscritas, unas 5.000 en Andalucía, que pueden optar a prestaciones sociales.

El censo agrario revela que un 34% son mujeres, pero sólo un 23% son propietarias de fincas agrícolas. Para corregir esa situación, las organizaciones agrarias vienen reclamando la cotitularidad de las explotaciones, algo que choca con la exigencia legal para que coticen tanto el hombre como la mujer, una carga demasiada excesiva en el medio rural.

"Sólo de esa manera se podrían reconocer los derechos individuales de las mujeres; ahora, las mujeres están supeditadas al hombre", señala Montserrat Moyano, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Andalucía (Ademur) y dirigente de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Jaén.

Reformas

Las últimas reformas en el campo andaluz, en especial el decretazo y la renta agraria, aprobadas por el anterior Gobierno, del PP, han agravado la situación para las mujeres que sólo encuentran en la agricultura una vía para tener ingresos en el medio rural.

Tradicionalmente, una de las principales vías para poder optar al subsidio agrario ha sido el antiguo Plan de Empleo Rural (PER), ahora denominado Aepsa (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria), pero ese sistema ha primado tradicionalmente al hombre. La falta de cotización de muchas mujeres en el medio rural les cierra la puerta para su incorporación a la renta agraria que, desde el año pasado, ha sustituido al antiguo subsidio de desempleo agrario.

De hecho, las mujeres han sido, junto con los inmigrantes y los jóvenes, las más afectadas por la renta agraria, sobre todo por la exigencia de cinco años de cotización para los jornaleros mayores de 45 años.

Al año y medio de entrar en vigor esa reforma 70.000 jornaleros andaluces se quedaron sin subsidio, de los que se estima que una cifra importante habrían sido mujeres. Por eso, la mayoría de sindicatos, organizaciones agrarias y partidos políticos han pedido la restitución de los derechos que los trabajadores del campo andaluz tenían antes del decretazo.

Otra situación de discriminación de la mujer en el medio rural se dio en el plan de deducción por maternidad aprobado por el anterior Gobierno. Las que pertenecen al Régimen Especial Agrario (REA) no pueden beneficiarse de las ayudas de 100 euros al mes, puesto que se exige que cotizen más de 10 peonadas mensuales, un requisito imposible de cumplir en muchas zonas rurales de Andalucía.

Así las cosas, desde el área de la mujer de COAG se pide a las Administraciones "cambios que contribuyan a la igualdad de género, con reformas que eliminen las actuales discriminaciones legales para que salga a la luz el trabajo que realizan las mujeres en el medio rural", señala Inmaculada Fernández.

La COAG viene reclamando, sin éxito, desde hace 25 años que se reconozca el estatuto de mujer agricultora y ganadera, "para que tengamos voz y voto y nuestras voces no estén calladas", subraya Fernández.