La Vila propone modificar el PGOU para encajar las ilegalidades del Atrium

Mientras los vecinos afectados y toda la oposición pedía ayer que "se restituya la legalidad y sanciones" a los promotores que han cometido un exceso de edificabilidad de 80.000 metros cuadrados en el complejo del hotel y apartamentos Atrium de La Vila Joiosa, el PP, en el gobierno municipal, aprobó en solitario una propuesta de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La alternativa, que plantearán a la Consejería de Territorio, consiste en que la empresa promotora ceda al Ayuntamiento unas parcelas al Consistorio, de uso residencial turístico, libres de edificios y se "trasvase" la edificabilidad.

Según explicó el alcalde, José Miguel Llorca, la constructora ha ofrecido 53.000 metros cuadrados en parcelas en primera línea de mar, cuyo valor supera los 25 millones de euros. "Es una solución respetable incluida en el ordenamiento jurídico y legal", comentó el primer edil que cree la empresa debe ser sancionada económicamente por incumplir el proyecto y hacer caso omiso de los siete decretos de paralización. Sobre el exceso de edificabilidad de 6.233 metros cuadrados en las cuatro torres de apartamentos del Atrium Llorca lamentó que "los propietarios hayan comprado sin seguridad jurídica, y eso la culpa no es del alcalde", dijo. Ahora se baraja la misma alternativa para la sobre edificación del hotel que de los apartamentos. También dijo que parte del exceso de edificabilidad se puede deber a que "algunos han construido terrazas sin permiso". El promotor de la torres negó ayer que estos edificios excedan la edificabilidad y aseguró no tener notifición oficial por parte del Ayuntamiento.

La solución a este conflicto urbanístico no satisface ni a los propietarios de las torres ni a los partidos políticos en la oposición que coincidieron en pedir que "se restaure la legalidad urbanística", si es necesario con la demolición de las plantas excedidas, y que se sancione a los presuntos infractores. Gaspar Lloret, del PSPV, lamentó que con esta solución "se pierda una parcela en la que no se podrá construir un nuevo hotel", y recordó que hay una responsabilidad política "evidente" ya que se emitieron siete decretos de paralización de la obra y no se actuó hasta que fallecieron tres albañiles.

Los socialistas estiman que la promotora debería indemnizar al Ayuntamiento y los afectados sufragando una multa económica cuantiosa. Vicent Serra, del Bloc, recordó que las direcciones técnicas del área de Urbanismo siempre evitaron responsabilizarse de este proyecto, y Pedro Lloret, concejal de Iniciativa Independiente, dijo que con la solución "se prentende pasar la pelota a la consejería y echar balones fuera, cuando en realidad la única alternativa es sancionar a los presuntos infractores y restituir la legalidad con la demolición".

Por su parte, el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco aseguró ayer en Valencia que ejecutará "todas las competencias para que se cumpla la legalidad", y garantizó "seguridad jurídica para los afectados", informa Lydia Garrido. El consejero dijo que, aunque desconozca el acuerdo de ayer, antes del 11 de septiembre el Consell se pronunciará sobre el caso.