Los partidos pactan facilitar la creación de comisiones de investigación

La creación de comisiones de investigación en el Parlament dejará de ser misión imposible para los grupos de la oposición. Todos los partidos parlamentarios, incluidos los que apoyan al Gobierno, han pactado una propuesta de reforma del reglamento que hará mucho más fácil su creación. Según el acuerdo, sólo será necesario el apoyo a la propuesta de un tercio de los diputados para crear una comisión de investigación, con lo que, de aplicarse ahora, Convergència i Unió (CiU) podría forzar su constitución sin necesitar el apoyo de ningún otro partido.

Antes del verano se constituyó la ponencia parlamentaria que estudia una reforma a fondo del reglamento del Parlamento catalán. El trabajo de los grupos parlamentarios avanza lentamente -la reforma de esta especie de Constitución interna del Parlament exige un amplio consenso-, pero los ponentes ya han llegado a algunos acuerdos parciales, pendientes aún del acuerdo sobre todo el reglamento, que llevará aún meses.

Uno de los acuerdos ya alcanzados, explican fuentes parlamentarias, es la reforma del apartado referente a las comisiones parlamentarias y, por tanto, a las comisiones de investigación. Diputados de los cinco grupos parlamentarios han pactado ya facilitar la creación de las comisiones de investigación, una de las herramientas de control del Gobierno que hasta ahora ha tenido muchas dificultades para desarrollarse en el Parlament: cuando CiU perdió la mayoría absoluta, en 1995, se acabaron de facto las comisiones de investigación. En la pasada legislatura, CiU vetó, con la ayuda del Partido Popular (PP), hasta ocho propuestas al respecto planteadas por la izquierda.

Con el actual reglamento, cualquier demanda para crear una comisión de investigación necesita ganar una votación en el pleno. Por tanto, sólo está garantizada su creación si tiene el apoyo de la mayoría absoluta de diputados (68 de 135). Constituirla en contra de la opinión de un Gobierno con suficientes apoyos parlamentarios es imposible, como se vio en la pasado legislatura, en la que sólo se creó para el caso de las encuestas cuando el PP recordó a CiU que no contaba con mayoría absoluta.

Nueva vía

De acuerdo con el pacto alcanzado por todos los partidos, a la vía actual se le añadirá otra nueva que facilitará mucho la creación de comisiones de investigación: se crearán automáticamente cuando lo pidan un tercio de los diputados. Habrá, no obstante, una limitación: los grupos sólo podrán esgrimir esta fórmula una vez por año.

El artículo consensuado, que sería el 57.2 del nuevo proyecto de reglamento al que ha tenido acceso este periódico, dice lo siguiente: "El Parlamento debe crear una comisión de investigación si es solicitada por una tercera parte de los diputados o por tres grupos parlamentarios; los proponentes sólo pueden presentar una propuesta vinculante al año".

Con la actual distribución de escaños, CiU podría forzar en solitario la creación de una comisión de investigación cada año, sin el apoyo de ningún otro grupo: cuenta con 46 escaños y la tercera parte se sitúa en 45. Otra cosa es que después estaría en minoría dentro de la comisión.En el caso de que hubiera alguna vez una gran coalición entre los dos grandes partidos parlamentarios, el nuevo reglamento permitiría incluso forzar una comisión de investigación sin su consentimiento al prever su creación automática con el apoyo de tres grupos parlamentarios, con independencia del número de diputados que sumen.

De haber estado vigente esta normativa en la pasada legislatura, cualquiera de las ocho comisiones de investigación vetadas por CiU y el PP se hubiera podido constituir, salvo quizá la referente a los fondos de formación ocupacional gestionados por una patronal del Baix Llobregat. En este último caso, el PSC no firmó su petición, reclamada insistentemente por Esquerra Republicana (ERC) con el respaldo de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

Las otras siete, en cambio, se hubieran creado sin ni siquiera debate y votación en el pleno (véase recuadro). Fuentes parlamentarias indican que la nueva propuesta no sólo beneficiaría a los grupos de la oposición, sino que en algunos casos también a los del Gobierno porque dejarían de utilizarse como herramienta de desgaste del Ejecutivo, ya que reclamar su creación "dejaría de ser gratis".

Comisión efímera

En la pasada legislatura, la oposición de izquierdas podía pedir comisiones de investigación sin pensárselo demasiado porque tenía la certeza de que serían rechazadas y al mismo tiempo le servían para subrayar la alianza entre CiU y el PP. Cuando finalmente se creó una comisión de investigación -por el caso de las encuestas-, resultó la más efímera de la historia: los socialistas, que no contaban con la luz verde del PP, pactaron con CiU su disolución antes incluso de que ésta empezara a trabajar al asegurarse la renuncia del secretario de Comunicación, David Madí.

Las mismas fuentes explican que la izquierda no teme que CiU utilice esta nueva herramienta, cuando entre en vigor, para hacer oposición: la izquierda mantendría la mayoría en la comisión de investigación y al mismo tiempo podría resucitar algunas de las comisiones aparcadas en los últimos años sobre la gestión de CiU.

La comisión parlamentaria que prepara la reforma del reglamento de la Cámara va cerrando artículos y al mismo tiempo aplaza los asuntos en que no hay consenso. La reforma del apartado referente a las comisiones de investigación ya tiene el apoyo de todos los grupos, pero aún podría sufrir modificaciones cuando se vote la ponencia en su conjunto.

También existe acuerdo para facilitar el acceso de los diputados a información de la Generalitat o de sus organismos autónomas. En el borrador del proyecto se da 15 días al Gobierno para facilitar la información requerida -en el actual, el plazo es de 30 días.

Donde aún no hay acuerdo y el debate se ha aplazado hasta más adelante es respecto a la publicidad de las declaraciones de actividades económicas y de bienes patrimoniales de los diputados. Esta información debe presentarse a la Cámara como condición para ocupar el escaño, pero los partidos discuten ahora si esta información pasa a ser "de carácter público".