2.500 millones para empezar

Las consejerías que gestionan el núcleo de las competencias económicas de la Junta (Economía, Innovación y Empleo), han tenido un arranque dispar. Sus primeros cien días han estado marcados por el acuerdo con el Gobierno central para liquidar el anterior sistema de financiación autonómica por 2.500 millones de euros; y por la compleja definición de competencias en Empleo e Innovación, que han afrontado asuntos polémicos.

- Deberes hechos. José Antonio Griñán tenía como primer y casi único objetivo en sus primeros tres meses al frente de la Consejería de Economía lograr un acuerdo sobre la liquidación del anterior sistema de financiación, facilitado por la doble victoria electoral del PSOE en Andalucía y España. Tras intensas negociaciones, Griñán logró el acuerdo en la fecha comprometida por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, una firma que por sí misma avala sus primeros tres meses.

El nuevo consejero de Economía apenas logró aumentar la cantidad que el PP ya se mostró dispuesto a pagar en campaña electoral (2.500 millones), antes de perder el Gobierno central, una cifra sensiblemente menor a la cuantificada por su predecesora, Magdalena Álvarez. Pero, a cambio, consiguió asegurarse un pago rápido de la cantidad adeudada: el Gobierno central decidió incluir como déficit de 2004 el pago de 2.500 millones a la Junta, que podrá consignar esta cantidad en los presupuestos autonómicos de 2005.

Griñán ya ha adelantado que optará por la prudencia para repartir este dinero extra: una parte importante se destinará a saldar deuda y pagos retrasados con proveedores. El resto irá a inversiones, pero se centrará en acelerar proyectos ya en marcha, para evitar abrir nuevas necesidades de gasto.

Al consejero le aguarda un otoño caliente. En materia presupuestaria, no sólo tiene que decidir como asignará los 2.500 millones, sino también se revelará si la Junta mantiene las exigencias de años anteriores al Gobierno sobre la asignación presupuestaria a Andalucía. Además, deberá cerrar el nuevo acuerdo de concertación.

En el resto de asuntos, Griñán ha tratado de enfriar el debate. Condicionó el pago de la deuda histórica y la creación de la agencia tributaria andaluza a las negociaciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y sobre las cajas de ahorros evitó cualquier polémica, a la espera de que el Gobierno culmine la devolución de Cajasur a la tutela autonómica y de que las cajas sevillanas avancen en su proceso de fusión.

- Periodo de gracia. Hasta los partidos de la oposición son benignos en su juicio a los tres primeros meses de la consejería que dirigirá esta legislatura Francisco Vallejo. Y es que el enorme salto de la teoría a la práctica que supone unificar en una sola consejería las competencias de la Junta en Innovación, Universidad y Empresa implica un terremoto estructural casi imposible de aplacar en sólo 100 días. Aún así, Vallejo sabe que el periodo de gracia para calibrar una de las grandes apuestas del Ejecutivo andaluz esta legislatura no irá más allá de este año.

A lo que no ha podido escapar son a los consabidos problemas en la red eléctrica cuando llegan las altas temperaturas. A los apagones, Vallejo ha respondido con palabras más altas que sus predecesores, un nuevo programa de seguimiento de la situación de la red y, la habitual promesa de la compañía de aumentar las inversiones.

- El SAE, aún en la pista de despegue. A diferencia de Innovación, la nueva Consejería de Empleo arrancaba con competencias muy delimitadas y un equipo gestor muy similar al de pasadas legislaturas, encabezado por Antonio Fernández. Sin embargo, su inicio también ha sido complejo. La aprobación en Consejo de Gobierno del proyecto de Instituto Andaluz de Riesgos Laborales, que Fernández pretendía para estos primeros cien días, se ha visto postergada por la creación de una nueva dirección general de Seguridad Laboral. Y la constitución del comité de expertos que tiene que elaborar antes de fin de año el Libro Blanco con las recomendaciones para atajar la precariedad en el empleo se aprobó hace apenas dos semanas.

En cualquier caso, el objetivo básico de Fernández es lograr que el Servicio Andaluz de Empleo empiece a parecerse al proyecto diseñado por la Junta. Para ello, ha anunciado que se gastará 40 millones de euros más esta legislatura en aumentar sus recursos humanos y materiales. En otoño, un nuevo sistema informático debe agilizar la intermediación laboral.

En estos tres meses, el consejero ha tenido que afrontar también una polémica, la generada por la suspensión de las solicitudes de incentivos autonómicos al empleo durante un año, acordada junto a los agentes sociales. Ante las críticas de la oposición, Fernández ha defendido que era una medida necesaria para evaluar estos incentivos antes de la nueva concertación.