Urge una política de la vivienda
El dato más relevante del último sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco ha sido, sin lugar a dudas, el espectacular incremento del índice de preocupación ciudadana respecto a la continua elevación del precio de la vivienda. Esta cuestión ha pasado de ocupar niveles inferiores, del 15 y del 19% en febrero y octubre de 2003, a situarse, con un porcentaje del 43%, en el tercer puesto del ranking de los problemas sociales, a poca distancia de la violencia y el paro. Es decir, el grado de alarma social ante esta cuestión se ha triplicado en poco más de un año, y la reciente ratificación estadística corrobora el diagnóstico que adelantábamos a finales del pasado año: carecemos de una política integral de vivienda, que afronte con garantías este problema de tan hondo calado social.
Seguimos careciendo de legislación autonómica sobre el suelo, y la política de vivienda protegida es insuficiente
Los jóvenes constatan la irremisible perspectiva de tener que hipotecarse de por vida para poder disponer de un techo
Los jóvenes constatan la irremisible perspectiva de tener que hipotecarse de por vida para poder disponer de un techo familiar. No se trata, sin embargo, de un efecto natural inevitable del mercado inmobiliario. Como en tantas otras formas de opresión social indirecta, asistimos a un formidable trasvase o drenaje de rentas. De poco sirve, en términos globales, la negociación colectiva de dos puntos de la masa salarial si el precio de la vivienda se dispara un 15% cada año. Adquirir una vivienda en condiciones límite de endeudamiento significa comprometer la totalidad del ahorro de la vida futura para costear un bien de primera necesidad. Esta apropiación o concentración del excedente productivo hipoteca y subordina además las opciones vitales a lo largo de la vida laboral. El efecto laminador de las libertades individuales y colectivas que la persistencia de esta situación provoca tampoco está encontrando respuesta adecuada por parte de la Administración.
Un resultado tan negativo cuestiona globalmente los objetivos de la política combinada en materia de vivienda desarrollada por los diferentes niveles ejecutivos: los gobiernos central y autonómico, las diputaciones forales y la gran mayoría de los ayuntamientos. La preocupante situación actual debería acometerse con un enfoque integral, que regule la convergencia de cada una de las administraciones responsables. Esa nueva política integral de vivienda debería reformular a fondo las cuatro grandes instancias que inciden en el precio final:
-La legislación sobre régimen del suelo, ordenación territorial y urbanismo.
-La promoción pública de vivienda protegida.
-La fiscalidad de las diferentes formas de acceso a la residencia.
-La gestión del patrimonio municipal de suelo.
-La regulación eficiente del mercado de la vivienda requiere, en consecuencia, una intervención en cuatro frentes:
1.-Una legislación del suelo no supeditada al crecimiento urbano. Que se aparte decididamente de la tradición legislativa española, fundamentada en una torpe y lenta compensación en especie de las plusvalías gratuitas generadas por la clasificación urbanística, incentivando así la presión especulativa inherente a este mecanismo y agudizando el problema de sostenibilidad derivado de la escasez de suelo. El nuevo gobierno socialista debería abordar una reforma profunda de la vigente legislación estatal básica (la Ley 6/98), que lleva este extremo al paroxismo de promover la clasificación como urbanizable de cualquier suelo rústico.
2.-Una promoción de vivienda protegida que supere el 50% de la oferta residencial global. Que es el umbral de reanimación de la expectativa del posible comprador de vivienda. Sólo cuando la adquisición de una vivienda protegida empiece a concebirse como una posibilidad real, no como una lotería, la promoción pública incidirá realmente en los precios del mercado de la vivienda libre. Esto significa superar con creces el nivel del 30% fijado como objetivo en el Plan de Vivienda 2002-2005, aprobado por el Gobierno Vasco, que establece como meta la puesta en el mercado de 25.400 pisos en cuatro años. Un verdadero plan de choque supondría elevar el ritmo actual (muy inferior a las 6.000 viviendas/año previstas), colocando el listón de la oferta en 10.000 viviendas protegidas anuales, prestando atención preferente a las operaciones de rehabilitación urbana y de reocupación de vivienda vacía (86.000 en la CAPV); hasta el año 2.010.
3.-El refuerzo intensivo del alquiler como forma de acceso a la vivienda, con el objetivo de aproximación a la media europea del 39%. Especialmente a través de la regulación fiscal, actualmente discriminatoria a favor de la propiedad en perjuicio del arrendamiento, y de las políticas específicas de alquiler social. Es decir, lo contrario a lo que desde hace mucho tiempo se viene aplicando, y que sitúa a la Comunidad Autónoma en el nivel más bajo de los países europeos, con un parque residencial de tan sólo el 5% de viviendas en régimen de alquiler. Panorama que deja sin protección al segmento social con menores ingresos, estrangula la movilidad laboral y anula en la práctica las opciones de autonomía residencial de los jóvenes.
4.La dinamización de los patrimonios municipales de suelo. Cuya finalidad primordial es la construcción de vivienda protegida, además del control del desarrollo y de la renovación urbana. La mayoría de los ayuntamientos no gestiona su patrimonio municipal de suelo como un programa específico, ni vincula los porcentajes legales (Ley 20/98 del Parlamento Vasco) de sus ingresos a este destino, obstruyendo así sus posibilidades de colaboración, mediante la gestión de suelos patrimoniales, con otras administraciones y, en especial, con el Gobierno Vasco. La traslación del acuerdo tripartito a los ayuntamientos está resultando, en ese sentido, más que decepcionante; destacando el decidido apoyo de Ezker Batua a figuras de ordenación territorial contrarias a la legislación autonómica sobre cuotas mínimas de reserva de suelo para vivienda protegida.
Ante un problema tan sensible y tan determinante para la ciudadanía, la gestión de los socios del gobierno tripartito, examinada en su conjunto, no supera la calificación de insuficiente en ninguna de las cuatro asignaturas clave que acabamos de repasar, por lo que merece un suspenso global.
A lo largo de la legislatura el consejero Madrazo ha tratado de presentar el tratamiento del problema de la vivienda como la faceta más amable de la gestión gubernamental, atribuyéndose en exclusiva supuestos méritos independientes que justificarían la inclusión de su partido en el tripartito. Hoy comprobamos que los resultados reales distan mucho de las proclamas iniciales. Seguimos careciendo de legislación autonómica sobre el suelo. Su política de vivienda protegida se revela insuficiente para cubrir la demanda actual e inoperante a la hora de regular los precios de la vivienda libre. El continuo desencuentro con la administración local impide una gestión eficaz del suelo orientada a la promoción pública de vivienda. La reciente confrontación de la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco con Eudel y la Diputación Foral de Bizkaia, más allá de divergencias de criterio sobre las fórmulas de adjudicación y promoción, pone de manifiesto el núcleo del problema del precio de la vivienda: la ausencia de una política convergente en la materia, coordinada entre las diferentes administraciones públicas competentes. Evaluación negativa en la que cabe corresponsabilizar a las tres fuerzas políticas implicadas en el acuerdo gubernamental.
Fernando Hevia es miembro del comité ejecutivo de Aralar.
