La clasificadora del 'Prestige' pierde su demanda contra España

La Abogacía del Estado ha cosechado un primer triunfo ante la justicia estadounidense en su pleito contra ABS (American Bureau of Shipping), la compañía que se encargó de certificar el buen estado del Prestige, el petrolero que naufragó en las costas gallegas con 77.000 toneladas de fuel el 13 noviembre de 2002. Una juez ha rechazado su contrademanda contra el Estado español, al que culpaba del hundimiento del barco por haber ordenado su alejamiento y pedía derivar toda posible indemnización.

Además, la demanda del Gobierno español contra ABS presentada ante la misma juez acaba de ser modificada al alza. España reclama ahora 1.000 millones de dólares por los daños causados, unos 831 millones de euros.

La contrademanda de ABS contra el Estado español ha encallado ante la resolución de la juez del distrito sur de Nueva York Laura Taylor Swain. Es la misma magistrada que tramita la demanda del Estado español contra esta empresa clasificadora. La juez, al rechazar la contrademanda, ha aceptado los argumentos de la parte española, que planteaba que este tribunal no tenía jurisdicción para intervenir frente a un Estado soberano. La clasificadora pretendía que España fuera condenada a asumir toda cantidad que ABS fuera obligada a pagar en cualquier proceso relacionado con el siniestro, algo que la juez también ha juzgado insostenible.

Este varapalo judicial a ABS ha alimentado el optimismo de la Abogacía del Estado español sobre el destino de su nueva demanda contra la clasificadora del Prestige, y que supone un giro de tuerca.

El Estado español, en el escrito presentado la semana pasada a través de un bufete norteamericano, no sólo eleva a 1.000 millones de dólares, lo que supone 300 millones de dólares más que en la demanda inicial, la indemnización que exige a ABS por los daños causados por su "negligente" actuación al inspeccionar y garantizar la seguridad y navegabilidad del Prestige, hundido el 19 de noviembre de 2002 con 77.000 toneladas de fuel que causaron la peor catástrofe ecológica de la historia española.

La demanda considera que ABS fue "negligente, imprudente, de forma deliberada, en su asistencia e inspección del casco y su estructura, maquinaria, tanques de carga, tanques de lastre. Y falló en detectar, informar y advertir la corrosión, las deformaciones permanentes, los materiales defectuosos, el desgaste, fatiga y otros fallos del casco".

Su defectuosa labor fue causa directa, según la demanda, de los daños económicos y medioambientales sufridos por España. La Abogacía del Estado, para evitar que ABS pudiera declararse insolvente en caso de ser condenada, dado que se declara sin ánimo de lucro, ha incluido en su demanda a dos sociedades vinculadas a dicha clasificadora. En concreto, ha implicado ahora a ABS Group y a ABS Consulting. La demanda detalla que todas estas empresas se interrelacionan y que "proporcionaron conjuntamente servicios a los propietarios del Prestige que dieron como resultado la continuidad de la clasificación del petrolero a pesar de que conocían las condiciones que afectaban a su seguridad integral y seguridad para el transporte de fuel pesado". España plantea que el pleito contra ABS se dirima con jurado.