La Guardia Civil investiga la presunta filtración en las oposiciones a administrativo

La investigación sobre la presunta filtración de exámenes en la oposición de auxiliares administrativos avanza. Tras la denuncia de la Comunidad ante la fiscalía para que determine si existen "indicios de criminalidad", el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil se ha hecho cargo del caso. La Comunidad decidirá en septiembre la suerte de las oposiciones anuladas el 14 de julio, cuando disponga del informe del fiscal. Sí está claro que los miembros de futuros tribunales serán elegidos por sorteo para garantizar la imparcialidad y seguridad de las pruebas.

Más de 18.000 opositores siguen con ansiedad las investigaciones sobre el presunto fraude en las oposiciones para cubrir 364 plazas de auxiliar administrativo de la Comunidad. La Guardia Civil ha intervenido en el caso del presunto fraude en las oposiciones, "que tanta alarma social han creado", como reconoce el director general de Función Pública, Miguel Ángel López.

Tras la denuncia de la Comunidad, interpuesta ante la fiscalía el 26 de julio, este órgano encargó al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil las investigaciones para determinar si se ha producido una filtración de exámenes teóricos en las oposiciones comenzadas en mayo. El tribunal calificador de las pruebas decidió anularlas el día 14 de julio cuando recibió el informe de Función Pública en el que se constataban los indicios de filtración a partir del "anómalo número de opositores con el examen teórico perfecto" (62) y la difusión, el día 8 de mayo, a través de un foro de Internet, de hasta 31 preguntas de los exámenes de los días 9 y 12.

El instituto armado está estudiando la página web www.opositor.com para determinar si las cuatro personas que denunciaron haber visto en un foro de este sitio de Internet las preguntas de los exámenes previamente a su celebración entraron efectivamente en la página en esa franja horaria. También se investiga a beatben12, la misteriosa persona que así firmaba los mensajes en los que mostraba su conocimiento por adelantado de las preguntas. Para ello, se estudiará el registro histórico de dicho foro, es decir, si la sucesión de mensajes fue modificada o no con posterioridad a la fecha del 8 de mayo para crear confusión. No se trata ya de saber si la página pudo o no haber sido manipulada para "sabotear la oposición", sino de saber si fue alterada o era cierto que una internauta que utilizaba el nombre de beatben12 sabía dichas preguntas antes que el resto de opositores.

También ha pedido la Comunidad que se investigue "si hay algún tipo de relación" entre las 62 personas que han obtenido un 10 en el examen teórico de la oposición y si eso conduce a conocer el origen de la presunta filtración. La abundancia de resultados brillantísimos en esta convocatoria -seis veces más que en la de 2003, pese a que ésta tenía un grado de dificultad mucho menor- fue el segundo motivo de sospecha por parte de la Comunidad para denunciar el presunto fraude. El interrogatorio de estas personas quizá no pueda realizarse hasta que el fiscal decida si hay indicios de criminalidad y haya una acusación judicial, reconoce López.

La Comunidad también ha pedido una prueba caligráfica que permita investigar el anónimo en el que se acusa a un sindicato, cuyo nombre no ha sido desvelado, de promover a los aspirantes que estudian en su propia academia para que obtengan plaza de funcionario de un modo fraudulento. Asimismo ha solicitado la verificación de una denuncia de otra persona afiliada a un sindicato distinto que aseguró poco después de la realización de los exámenes que se había producido una filtración.

Una vez investigados todos estos extremos, la fiscalía emitirá su informe de conclusiones sobre lo ocurrido, lo que no ocurrirá "previsiblemente hasta septiembre".

En todo caso, Función Pública desmiente los rumores que apuntan a que el 26 de agosto iba a tomar una decisión definitiva de la que daría cuenta en la Asamblea de Madrid. La Consejería de Justicia dispone de un plazo de tres meses (hasta principios de octubre) para resolver los 120 recursos de alzada que han presentado los aspirantes que se sienten perjudicados por la decisión de anular las oposiciones, por lo que hasta que "no hable la fiscalía no se decidirá nada".

Nuevos tribunales

A partir de ahí, la Comunidad decidirá qué hacer con este embrollo. Si hay indicios de criminalidad, el curso lógico del asunto será la acusación de las personas presuntamente implicadas en el fraude; si no los hay, "la Comunidad podrá anular las preguntas filtradas y continuar con el proceso".

Si hace menos de un mes este embrollo hizo a la Comunidad cambiar el modo de examinar en el futuro (se harán por llamamiento único, todos los opositores a la vez, y no en varios días, como hasta ahora), el cambio afectará también a la composición y elección de los miembros de futuros tribunales. Aunque no se publicará hasta septiembre, ya está "prácticamente decidido" que cada institución (consejerías, sindicatos, colegios y asociaciones profesionales) propongan 18 candidatos cada una. De todas las listas, un notario elegirá por sorteo la composición del tribunal calificador de cada oposición, en este caso nueve vocales y un presidente. "Todo por asegurar la limpieza del proceso", suspira López.