IU-ICV pide que se revise la financiación de la Iglesia católica por actuar como un 'lobby' antidemocrático

Joan Herrera, diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV, que forma grupo parlamentario con Izquierda Unida en el Congreso), anunció ayer que en septiembre presentará varias propuestas legislativas para revisar los criterios de financiación de la Iglesia Católica y evitar que su jerarquía siga recibiendo recursos del Estado mientras actúa como "lobby reactivo" ante los avances democráticos.

Según indicó Herrera en rueda de prensa, sus iniciativas se concretarán en primer lugar en una proposición de ley de revisión de los acuerdos del Estado con la Santa Sede que posibilitan la financiación de la Iglesia católica. "El Estado tiene que ser aconfesional, y no ofrecer a la Iglesia católica un clarísimo trato de privilegio respecto a otras religiones", argumentó.

ICV también impulsará una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa aprobada en 1980 "porque en ella se favorece a la jerarquía católica y se le ofrece un trato diferencial". Esta reforma, explicó Herrera, "no sería urgente si la jerarquía católica mantuviese un papel de neutralidad en el debate político y respecto a los avances sociales que se aprueben para acabar con la discriminación de género o posibilitar el matrimonio entre homosexuales, pero esto no es así, sino que juega un papel reactivo". "Si como jerarquía religiosa quiere seguir asumiendo este papel e insiste en situarse fuera de la Constitución y no reconocer, por ejemplo, el derecho a la igualdad de género, que lo haga. Pero entonces, nada de recibir recursos económicos públicos que pagamos entre todos los ciudadanos", dijo.

Herrera salía así al paso de las declaraciones de los obispos españoles contra la legalización del matrimonio homosexual y del documento del Vaticano contra el feminismo que busca la equiparación de hombres y mujeres, difundido el pasado fin de semana. El diputado aseguró que "ningún Estado democrático europeo financia a grupos o confesiones religiosas que se dedican a actuar contra los principios democráticos y los derechos básicos reconocidos en la Constitución". ICV confía en que el PSOE apoye sus propuestas.

Desde el Gobierno, la secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad Murillo, aseguró ayer que "el Gobierno tendría que llegar a algún pacto con la iglesia para que no se produzcan esas injerencias ", informa Carmen Morán.

A raíz del documento vaticano, la Red de Organizaciones Feministas ha recabado 2.000 firmas en su primer día de campaña "contra el integrismo católico y por la igualdad de derechos".