Demanda contra el CO2

La demanda conjunta presentada por ocho Estados de EE UU contra cinco de las mayores compañías eléctricas por sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero, supone un cambio drástico en los parámetros de la lucha contra el cambio climático. Frente al desprecio de la Administración de Bush por el Protocolo de Kioto y la lentitud en la puesta en marcha de las promesas industriales de reducción de emisiones, los ocho demandantes, entre ellos algunos tan poderosos como los Estados de California y Nueva York, han optado por dar cuerpo judicial a su papel de garantes del bienestar de sus ciudadanos y pasar a la acción en un campo que se consideraba demasiado incipiente para la batalla procesal. Se abre así una vía novedosa, en parte forzada por el agotamiento de la ruta política en EE UU, cuyo resultado puede tener alcance enorme si los tribunales les dan la razón.

Para despejar dudas sobre el objetivo último de la demanda, los fiscales encargados de su dirección se han apresurado a recordar que las administraciones no pretenden recibir una compensación económica, sino únicamente que las plantas afectadas (que liberan el 10% de las emisiones de CO2 del país) apliquen medidas correctoras. La legitimidad de esta exigencia descansa, según los demandantes, en que las citadas emisiones suponen un daño "para la salud, la economía y el medio ambiente" y de que el regulador federal, contra el que pesan otras denuncias, ha sido inoperante a la hora de poner coto a este riesgo.

Este embate judicial, que intenta imitar las acciones contra las compañías tabacaleras, despierta dudas sobre su viabilidad. Entre ellas, según recuerdan las compañías eléctricas acusadas, la dificultad de vincular emisiones genéricas a daños concretos y la propia naturaleza del dióxido de carbono, que difícilmente puede ser considerado un tóxico cuando existe naturalmente en la atmósfera y lo generamos al respirar. Este gas, como el vapor de agua y otros, genera el efecto invernadero necesario para que el planeta sea habitable. Es el fuerte aumento de la concentración de CO2, debido principalmente a la actividad industrial, el que está intensificando dicho efecto y provocando el peligroso calentamiento global artificial.

Serán los tribunales, asesorados por expertos, los encargados de resolver estos problemas. Pero en un sistema legal tan flexible en el reconocimiento de daños, los Estados demandantes saben de antemano que tienen asegurado un tiempo y una tribuna privilegiada para exponer sus argumentos. Con ello, por lo menos, conseguirán presionar contra unas emisiones sobre las que hay un consenso general para su reducción.