Contra el urbanismo desaforado

Valoran mucho lo que tienen pero poco a poco lo están perdiendo. A pesar de sus esfuerzos, se sienten impotentes: son testigos directos de cómo "por culpa de sus ayuntamientos" eso que tanto aprecian y respetan "está siendo destruido". Son "cerca de 3.000 personas", pero persiguen un solo objetivo: "Detener el salvaje desarrollo urbanístico" que, desde finales del siglo XX, se está produciendo en El Escorial y en San Lorenzo de El Escorial, que alberga el monasterio que en 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

"Sólo pedimos a las autoridades que el entorno natural del monasterio de El Escorial sea protegido como es debido". Lo dice Elena, presidenta y portavoz de un movimiento ciudadano que defiende el medio ambiente de los dos municipios con el mismo apellido. Este colectivo forma parte de una plataforma, compuesta por otros siete grupos ecologistas, que ha redactado un informe en el que se acusa al alcalde de San Lorenzo, José Luis Fernández-Quejo (del PP), de vender zonas verdes públicas con fines urbanísticos. De esta forma, lenta pero paulatinamente, se está "degradando" el entorno natural de estas dos poblaciones. "Esperamos que con las pruebas presentadas en este dossier consigamos una moratoria para frenar, de una vez por todas, el desarrollo urbanístico de la zona", dice Elena.

Pero "no la van a conseguir", asegura Fernández-Quejo. "Pienso continuar con lo establecido en mi programa electoral", declara, "y lo voy a hacer con el respaldo de más del 50% ciento de los votos y con el apoyo de IU", afirma.

La plataforma, que en 2003 consiguió 4.000 firmas para que las dos localidades "degradadas" fueran declaradas Patrimonio de la Humanidad, denuncia que desde 1999 el casco urbano de San Lorenzo está creciendo "sin tener en cuenta" los parámetros de densidad, a costa de la tala de "jardines históricos privados", el derribo de "antiguas casonas emblemáticas" y la duplicación de la habitabilidad en el suelo urbano.

El alcalde, despreocupado

Fernández-Quejo, por su parte, resta importancia a este colectivo. "No me crea intranquilidad", afirma. Cuenta que hace unos 20 días se convocó una cacerolada frente al Ayuntamiento para protestar contra el desarrollo insostenible y que, según la policía, "asistieron 120 personas". Los firmantes del dossier también critican que las nuevas alturas de los edificios, compuestos por tres pisos, sin contar la planta baja y el ático, están "alterando y desequilibrando" la fisonomía de este enclave, aumentando la población de manera "alarmante".

Elena manifiesta que los vecinos están "seriamente preocupados" por la continua venta de suelo público para viviendas libres, suelo en el que, según Fernández-Quejo, se pretende construir "viviendas sociales". En cuanto al crecimiento de población, el alcalde explica que desde que fue elegido, hace seis años, la población ha pasado de 12.000 a 15.000, aumento que no considera "alarmante".

La plataforma también pretende "esclarecer las irregularidades y supuestos delitos penales" que acompañan a estos negocios inmobiliarios. "El alcalde", dice Elena, "está comprometido con la Unión Europea en aplicar, en función de la Agenda 21, un desarrollo sostenible". Pero "la realidad dista mucho de lo comprometido": se está produciendo "una imparable especulación urbanística" que, "encima", goza de la "permisividad de la Comunidad", asegura.

En el dossier se incluyen cinco lugares -Prado de la Era, Pozas Norte y Unamuno en San Lorenzo, y El Tomillar y El Ensanche, en El Escorial- que, estando hoy sin urbanizar, verán cómo en el plazo de tres años "su población habrá aumentado un 110%", dice Elena.

Prado de la Era, por ejemplo, cuenta con 300.000 metros cuadrados de extensión y en agosto de 1999 sufrió un incendio que asoló 450 hectáreas del monte Abantos, unos 35.000 árboles. Esa desgracia provocó que la Consejería de Medio Ambiente emitiera un informe por el que vetaba la posibilidad de urbanizar la zona, alegando que la finca dañada por el fuego era "punto de referencia de la futura regeneración forestal del adyacente Abantos". En ese sentido, añadió que "la flora y la fauna" volvería, pero que el monte no estaría regenerado hasta dentro de 50 años.

Pero, y aquí comienzan las quejas de esta plataforma, el pasado 30 de mayo de 2002, el pleno aprobó definitivamente un acuerdo con el alcalde de San Lorenzo y los propietarios de las fincas de Prado de la Era en el que, con el beneplácito del Gobierno regional, se construirían 667 viviendas. "Es así como funcionan las cosas por aquí", se lamenta Elena. "Se habla de protección medioambiental y de desarrollo sostenible", continúa, "pero por detrás se especula con los terrenos, urbanizando de forma insostenible todo el entorno natural que pueden", asegura.

Tres querellas

Las "continuas infracciones urbanísticas" han llevado al equipo de gobierno de San Lorenzo a afrontar tres querellas de la Fiscalía de Medio Ambiente. En agosto de 2000, Fernández-Quejo, cinco concejales de su anterior legislatura, el arquitecto municipal, otros dos arquitectos y un constructor, fueron inculpados por un delito contra la Ordenación del Territorio. Se les acusó de recalificar una parcela protegida saltándose los trámites legales y de permitir la tala de árboles centenarios para que una constructora, supuestamente vinculada a uno de los ediles, levantase ocho chalés de lujo en un espacio catalogado como zona verde y obtuviese con ello "un ilegítimo beneficio". Pero el alcalde se defiende: "Nadie estaba vinculado a la constructora".

La Fiscalía solicitó 20 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación por supuesto delito urbanístico para Fernández-Quejo, así como una fianza de 300 millones de euros que, según el dossier, "fueron depositados desde las arcas municipales" por si fuera necesario derribar las viviendas e indemnizar a los compradores.

El Ayuntamiento de San Lorenzo, no obstante, después de la apertura del expediente correspondiente, concedió licencia de primera ocupación a los compradores de los inmuebles. El caso está en espera de fecha de juicio en la Audiencia de Madrid, ante lo que Fernández-Quejo, una vez más, se muestra muy tranquilo: la sentencia será "favorable, como los informes técnicos en los que nos basamos", afirma.