Roca cobró en dos años 567.679 euros por dirigir el urbanismo de Marbella

El que fuera gerente de Urbanismo de Marbella durante el mandato de Jesús Gil y actualmente asesor del gobierno municipal, Juan Antonio Roca, cobró del Ayuntamiento en concepto de sueldos y "gratificaciones" 567.679 euros -unos 94,4 millones de pesetas- entre los años 2000 y 2001, según recoge el anteproyecto de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a dicho periodo.

El informe, que desvela que en esos dos años existen gastos sin la necesaria justificación por más de 100 millones de euros, dedica un capítulo al singular sistema de retribuciones de algunos cargos del consistorio.

Juan Antonio Roca fue el artífice de la política urbanística de Jesús Gil y el mentor de los convenios urbanísticos en virtud de los cuales se toleraron construcciones ahora declaradas ilegales por los tribunales y por las que el consistorio ingresó importantes cantidades de dinero. Con plena confianza de Gil, con quien ha estado imputado en varios procedimientos judiciales, Roca fue con diferencia el cargo mejor retribuido por el ex alcalde ya fallecido.

Sólo entre 2000 y 2001 Roca percibió en concepto de salario 458.991 euros, más otros 108.688 euros como "gratificaciones" en los meses de marzo y diciembre de ambos ejercicios, que no fueron aprobadas por ningún órgano oficial. El pasado viernes, tras conocer el informe del Tribunal de Cuentas, el PP solicitó de nuevo el cese de Roca, a quien el actual gobierno que preside Marisol Yagüe mantiene como asesor.

La concejal popular, Francisca Caracuel, recordó a Yagüe que el asesor municipal es el autor de los famosos convenios urbanísticos ilegales, que el Tribunal de Cuentas calcula han hecho perder al Ayuntamiento hasta 137 millones de euros por la venta de suelo municipal a un precio muy inferior al de mercado. Artífice de la moción de censura contra Julián Muñoz, Roca es el responsable del polémico PGOU rechazado en tres ocasiones por la Junta de Andalucía. Además está acusado de crear empresas fantasma para desviar 30 millones de euros de dinero público, asunto por el que ingresó en prisión con Gil.

Irregularidades

Pero las "irregularidades y abusos" en las sociedades municipales no acaban en el gerente de Planeamiento 2000. Según los auditores del Tribunal de Cuentas, la gestión de personal en las empresas "no estuvo sometida a ningún tipo de control financiero", y la ausencia de una estructura de nómina provocó además que en un mismo ejercicio algunos trabajadores percibieran diversos sueldos base. En algunos casos el número de conceptos que figuraban en la nómina llegó a ser de 28, y en otros se realizaron pagos mediante gratificaciones o incentivos.

El informe recoge algunos ejemplos. Uno de ellos es el coordinador económico de las sociedades municipales, Antonio Calleja Rodríguez, que cobró 309.163 euros por sus servicios en 2.000 y 2.001 y estuvo contratado simultáneamente por 3 sociedades con una dedicación de 14 horas diarias. El presidente de los consejos de administración de todas las sociedades municipales, Victoriano Rodríguez, actual concejal del equipo de Yagüe, recibió 66.237 euros de Transportes Locales 2000, el 40 % en concepto de "gratificación absorbible"; y el anterior director del diario La Tribuna de Marbella, Martín Hidalgo, percibió de Difusión y Comunicación 265.833 euros, de estos 27.944 fuera también de nómina.

Los responsables municipales reabrieron y modificaron las contabilidades de las sociedades en ejercicios cuyas cuentas ya estaban aprobadas, para incorporar ajustes y regularizaciones. Además el Ayuntamiento asumió directamente pagos a acreedores de las empresas sin que estas deudas estuviesen acreditadas. Ya en marzo de 1995, el interventor propuso al alcalde establecer un sistema de control financiero y de eficacia en las sociedades para que se elevara al pleno, una propuesta a la que no se llegó a dar trámite. En los dos años fiscalizados, 2000-2001, el funcionario volvió a formular varios reparos en relación a la "inexistencia de valoración en las permutas, concesiones administrativas, enajenaciones de bienes patrimoniales y aprovechamientos urbanísticos, así como el pago indebido de honorarios profesionales a determinados letrados", advertencias que tampoco esta vez han sido tenidas en cuenta.