Una prueba única e igual para todos los alumnos dará acceso a la universidad

La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, anunció ayer el futuro acceso a la Universidad se realizará mediante una única prueba, igual para todos los alumnos y en la que participarán universidades e institutos. Para poner en marcha este nuevo examen (similar en algunos aspectos a la selectividad, aunque posiblemente con un nuevo sistema de ponderación) habrá que modificar dos leyes educativas heredadas del PP, la Ley de Calidad y la de Universidades, en las que se recogía la reválida. También se modificará el sistema de habilitación para los profesores de Universidad.

La ministra de Educación presidió ayer por primera vez el pleno del Consejo de Coordinación Universitaria, el máximo órgano consultivo y de ordenación del sistema de estudios superiores. Allí informó a los rectores y a los responsables autonómicos de universidades de los futuros proyectos del Gobierno: se elaborará un nuevo marco de referencia para la financiación de las universidades y se modificarán algunos aspectos de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Estos son los principales aspectos que se reformarán:

- Acceso a la Universidad. Está prevista una prueba única e igual para todos los estudiantes en la que participen tanto los universitarios como los responsables de los institutos. Atrás quedará el sistema de doble prueba que permitía la Ley de Calidad y que consistía en la reválida al final del bachillerato y luego una pruebas de acceso a la universidad (opcional en cada centro) con que se complementaba. Otro aspecto de la reforma radica en el peso que pueda tener el expediente académico del alumno y la nota obtenida en las pruebas de acceso para lograr la media final. Cabe la posibilidad de que, dependiendo de la carrera en la que vaya a matricularse el alumno, la nota alcanzada en algunas materias cobre mayor importancia que las obtenidas en otras. "Quizá se haga con una misma prueba varias ponderaciones en lugar de una ponderación aritmética, pero, en todo caso, será una prueba de calidad y que proporcione una información objetiva y transparente", explicó San Segundo, quien dijo que una comisión se encargará de ir definiendo estos aspectos. No quiso concretar aún un calendario sobre la entrada en vigor estas reformas aunque habló de dos años como mínimo.

- Habilitación del profesorado. El proceso de habilitación de los profesores recogido en la LOU para acceder a una plaza en la universidad viene siendo "costoso". Estas evaluaciones llevan meses y una sola prueba en una universidad cuesta "entre 60.000 y 85.000 euros", explicó ayer el secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez. El nuevo acceso de los profesores funcionarios a la universidad se reformará en dos fases que tardarán unos 18 meses. Por ello se respetará la celebración en septiembre de las habilitaciones ya programadas. En otoño se reformará el decreto de acceso a las plazas y en 2005 se celebrará una habilitación que incluirá un mayor número de plazas. Entretanto, el ministerio prepara un modelo de acreditación "ágil que valore el mérito y la competencia de los aspirantes, después las universidades escogerán mediante concurso a los profesores entre los acreditados". Así lo habían solicitado recientemente los rectores. En octubre se propondrá el sistema de acceso en el que participarán "evaluadores de trayectoria reconocida".

Otras figuras contractuales, como la del profesorado contratado, deberán esperar para modificarse a que se configure el nuevo mapa de titulaciones y su implantación en los centros. Por tanto, se ampliará hasta septiembre de 2008 el plazo previsto para la transición a los nuevos contratos.

- Financiación. Se debatirá sobre un modelo mixto de financiación, pública y privada que se concretará en los próximos meses. Una comisión se encargará de detectar los problemas fundamentales de financiación "respetando las competencias de las distintas administraciones" y asegurando que el acceso a la universidad "sea independiente del origen socioeconómico de los estudiantes". El sistema se orientará a "la mejora de la eficiencia y la equidad", explicó la ministra quien también mencionó la necesidad de complementarlo con "una buena política de becas".

- Agencia de acreditación. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) también será reformada en su estructura jurídica. Pero seguirá funcionando hasta que eso ocurra. Se mirarán fórmulas jurídicas que impidan que un organismo de carácter privado influya en las decisiones de las instituciones públicas, como es el Consejo de Coordinación Universitaria y el propio Gobierno. Los tribunales establecidos en la ANECA acreditan la solvencia de los profesores y el sistema de títulos. Su sistema de funcionamiento ha recogido numerosas críticas de la comunidad universitaria en los últimos meses.