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Editorial:

Gloria y miseria

Si alguna conclusión provisional cabe extraer de las sesiones mantenidas hasta ahora por la comisión parlamentaria que investiga los atentados del 11-M es la urgente necesidad de poner en marcha el centro de coordinación de la lucha antiterrorista que decidió crear el actual Gobierno y que dispondrá de sede propia el próximo otoño. Si alguien podía albergar dudas acerca de su necesidad, quedaron ayer despejadas una vez más con las comparecencias de los agentes encargados de mantener contacto con los confidentes Zouhier y Suárez Trashorras. Concluía así el testimonio de los representantes de las fuerzas de seguridad, que salen de estos interrogatorios con una imagen ambivalente: descoordinación flagrante, algunas pruebas inexplicables de incompetencia y extraordinario acierto en el seguimiento de la pista del teléfono-detonador, que condujo a las primeras detenciones en un tiempo récord.

Admira incluso que unas policías tan mal organizadas brillaran en las primeras horas después de los atentados por su rapidez y eficacia, independientemente de que existieran, como parece ya evidente, claros indicios de una pista islámica desde la tarde del día 11 gracias a la localización de la furgoneta en Alcalá de Henares. En 48 horas hubo ya detenciones. No se tardó tampoco demasiado en localizar la casa de Morata de Tajuña donde se reunían. Se evitó una nueva tragedia una veintena de días después al detectarse una bomba en la línea del AVE Madrid-Sevilla. Y, por último, se descubrió a los siete miembros del comando terrorista que se inmolaron en un piso de Leganés antes de que entraran los agentes de asalto.

Hasta aquí la gloria, pero la miseria es abundante. Una parte responde a hechos, pero otra, difícil de separar, a las salpicaduras recibidas de la pelea política. Queda claro que el CNI fue estúpidamente marginado por el Gobierno de Aznar durante la primera fase, tras las bombas en los trenes de la muerte, pero nadie puede creer razonablemente que la agencia de espionaje brillara por su ojo previsor ante la amenaza islámica tras el múltiple atentado de Casablanca en mayo de 2003.

En los anales de la confusión, las contradicciones y las mentiras del confidente Zouhier, queda la información, supuestamente facilitada por éste un año antes, sobre un tráfico de explosivos desde una mina asturiana en el que está involucrado Suárez Trashorras y del que el fiscal de Avilés dice que sólo recibió una información genérica de la Guardia Civil. En el capítulo de lo grotesco cabe anotar el descubrimiento de un segundo vehículo utilizado por los terroristas, apenas a 20 metros de la furgoneta, tres meses después, algo de lo que el actual ministro del Interior ha tardado un mes en poner toda la información a disposición del juez. Y por último, en la órbita de la teoría conspirativa queda la actuación del ex director de la policía y eurodiputado del PP Díaz de Mera, emperrado entonces y aún hoy en la posibilidad de la pista etarra, pese a que ningún indicio la avala, y que no tuvo empacho en lanzar acusaciones sobre algunos de sus subordinados respecto a su lealtad al Gobierno y a la posibilidad de que hubieran pasado información al PSOE.

Los cuerpos de seguridad merecen felicitación por su rápida y eficaz actuación después del 11-M y más que alguna severa corrección por el caos organizativo en la prevención, procesamiento de la información y, desde luego, en la coordinación. Pero utilizarlos como proyectiles para la denigración del adversario político, además de deshonesto, es una pésima forma de servir a la seguridad de este país.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de julio de 2004