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El Gobierno segregará los astilleros militares de los civiles para evitar la quiebra de Izar

La SEPI acusa al anterior Ejecutivo de provocar la crisis por la "fusión disparatada de 2000"

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El Gobierno anuncia que una nueva sociedad se encargará de la construcción militar de Izar

Barcos y honra. Dos pilares para desarrollar el debate sobre los astilleros públicos Izar, un sector encallado desde hace años en la crisis por su acuciante y continua falta de competitividad. El sector se ha mantenido a flote desde 1984 a golpe de ajustes y de ayudas públicas. A Martínez Robles le correspondió el trabajo de exponer la cruda realidad actual. "Izar entrará en disolución en cuatro meses y habrá que liquidarla si se pagan las ayudas de 1.100 millones dadas desde 1997 y que la Comisión Europea ha declarado ilegales".

Así de cruda es la realidad y así lo recalcó el responsable de SEPI en sede parlamentaria. El resto de los grupos (PP, CiU, IU y BNG) intentaron salvar la honra ante sus electores pero ninguno dio una pista sólida de cómo salvar los astilleros. El diputado del PP Arsenio Fernández de Mesa exigió voluntad política de luchando por el sector y defendió la gestión de su partido.

La actual situación de Izar se ha gestado desde 1998 "sin que el PP haya abordado el problema de forma rigurosa", dijo Martínez Robles, para quien las últimas decisiones de la Comisión Europea ponen a la empresa contra la pared de forma irreversible.

"El actual Gobierno se encontró con la multa de 308 millones de euros (376 millones con intereses). A ello hay que añadir la devolución de créditos fiscales por otros 110 millones y los 560 millones de ayudas ilegales por la fusión de Bazán y Aesa en 2000 que, junto con intereses, llega a 1.100 millones de euros de cifra total", resumió el presidente.

Ante esta situación límite, y aunque ayer el portavoz de la CE dijo que es prematuro afirmar que Izar tendrá que devolver los 560 millones, la SEPI ha diseñado las líneas generales de un plan que pasa por la segregación de los astilleros militares, que son competitivos y que no están supeditados a las normas de competencia de la UE, de los civiles. Además, se reducirá la capacidad de producción de los civiles y se dará entrada al capital privado en alguno de ellos.

Asimismo, se concentrarán centros, se reducirá plantilla mediante prejubilaciones y se hará un nuevo marco de relaciones laborales más flexible. Martínez Robles recalcó que ante la situación de "grave crisis" no hay otras salidas porque "la CE no admite ninguna ampliación de capital" y el nivel de competitividad de los astilleros es muy bajo en Europa, que solamente tiene el 5% del mercado mundial (Corea y Japón copan el 65%). Ayer, por otra parte, se constituyó la comisión de municipios de defensa del sector naval formada por alcaldes de seis municipios afectados por la crisis del naval y que ha solicitado una reunión urgente con el ministro de Economía, Pedro Solbes.

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