Desacuerdo entre Saura y Clos sobre el área metropolitana de Barcelona

El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, pusieron de relieve ayer el absoluto desacuerdo respecto al papel que ambos asignan a la organización metropolitana de Barcelona y las poblaciones de su entorno. Mientras que Saura aseguraba que no se prevé, bajo ningún concepto, la existencia de un gobierno metropolitano, sino la pura suma de las competencias ya existentes en las entidades metropolitanas, Joan Clos, a través de un portavoz autorizado, seguía reclamando la creación de una autoridad metropolitana en representación de los 36 municipios que la forman.

Las discrepancias se pusieron de manifiesto cuando ambos daban cuenta de los acuerdos alcanzados sobre la futura Carta Municipal. El Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona han estado trabajando en un texto común que puedan defender conjuntamente ante el Gobierno central durante la fase de tramitación parlamentaria.

Los acuerdos suponen la renuncia, por parte municipal, a reclamar cualquier tipo de competencia que esté en poder de la Generalitat, como, entre otras, el agua, la movilidad y los transportes ferroviarios. También pactaron la fórmula sobre la justicia local y sobre el carácter metropolitano de la Carta Municipal, de modo que pueda extenderse a todos los municipios del área. Ahí saltó la fricción. El acuerdo se produjo porque, a juzgar por las declaraciones de ambas partes, entienden algo diferente. Habían pactado defender una disposición adicional que reconozca a todos los municipios el derecho a disponer de las competencias delegadas por el Gobierno central al Ayuntamiento de Barcelona. Pero mientras que Clos entendía que esto es así por la existencia de un gobierno metropolitano, Saura dejaba claro que el Gobierno catalán no considera esa posibilidad.Joan Saura aseguró reiteradamente que las competencias políticas sobre el territorio de Barcelona y su entorno no dependerán de un hipotético gobierno metropolitano, sino que pasarán a la veguería (equivalente a la función que hoy realiza la provincia) de nueva creación. El ámbito de esta veguería será mayor que el del área metropolitana, dijo Saura, de modo que tenga sentido su capacidad de decisión sobre movilidad o distribución del agua, por citar dos de los casos sobre los que el Ayuntamiento de Barcelona aspiraba a ver reconocidas las competencias.

El poder del área metropolitana será exactamente el mismo que hoy tienen sus municipios a través de consorcios y entidades. Es decir, transporte público, residuos y medio ambiente, además del urbanismo.

Fuentes municipales destacaron que las competencias sobre estos ámbitos otorgan al área metropolitana una notable capacidad de planificación y, por lo tanto, política. Las mismas fuentes insistieron en que el gobierno municipal de Barcelona "sigue reclamando un gobierno metropolitano con capacidad de decisión política" y señalaron que en el mismo sentido se han manifestado reiteradamente tanto el presidente del Gobierno catalán, Pasqual Maragall, como el consejero de Economía, Antoni Castells.

Al margen del desacuerdo sobre el área metropolitana, Saura y Clos lograron acuerdos sobre otros aspectos de la Carta Municipal a defender conjuntamente en la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Durante el mes de agosto, señaló Joan Clos, una comisión mixta con representación del Ejecutivo catalán y el gobierno municipal de Barcelona redactarán el texto definitivo que será entregado en el Congreso de los Diputados el próximo 8 de septiembre, salvo imprevistos de última hora.

Saura vaticinó que el trámite puede prolongarse hasta la primavera de 2005, debido a que los últimos meses del año coinciden también con el periodo en el que el Congreso discute los Presupuestos Generales del Estado. El trámite, dijo, puede durar de tres a cuatro meses, por lo que no es aventurado pensar que en primavera la Carta estuviera ya aprobada por el Congreso y el Senado.

Una vez superado este proceso, debería volver al Parlament, ya que se incluye una propuesta de disposición adicional en la que se extiende a todos los ayuntamientos del área metropolitana la delegación de competencias del Estado que éste otorgue al Ayuntamiento de Barcelona, siempre que así lo apruebe la Cámara catalana.

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene la aspiración a designar los jueces de proximidad en Barcelona, es decir, los que ocupen los juzgados dedicados a los juicios rápidos. Pero esta pretensión ha quedado recortada. La primera intención municipal era la de nombrar estos jueces desde el pleno. Una medida que, según todos los juristas consultados, puede resultar legalmente complicada y, sobre todo, que hubiera laminado la capacidad del poder judicial. La redacción definitiva de este punto, que aún no se ha logrado, establecerá notables restricciones, entre ellas que los jueces a nombrar dispongan de la titulación reconocida para el resto de jueves. Lo que en el fondo supone crear una especie de escalafón específico para la justicia municipal.

A la reunión entre Clos y Saura, que fue extraordinariamente breve (menos de media hora) asistieron otros representantes del Gobierno catalán y todos los jefes de los grupos políticos municipales. La Carta Municipal ha contado hasta ahora con el apoyo unánime de los grupos políticos con representación en el consistorio, aunque no siempre este apoyo se ha mantenido en otros trámites. El PP no pudo defenderla en el Congreso y CiU dio largas a la creación de consorcios aprobados por el Parlament.