La fiscalía mexicana recurrirá la decisión de no detener a Echeverría

La Fiscalía Especial que investiga los crímenes y desapariciones de activistas políticos entre 1960 y 1980 en México apelará en el plazo de tres días ante la Suprema Corte de Justicia la decisión de un juez que ha rechazado la detención del ex presidente Luis Echeverría (1970-1976) y varios colaboradores, acusados de genocidio por una matanza de estudiantes en 1971. El juez sostiene que no hubo genocidio y que los delitos cometidos han prescrito.

Los mexicanos han señalado a Luis Echeverría como culpable desde hace décadas. Para muchos, la historia le juzgó y lo encontró culpable de la matanza del 10 de junio de 1971, incluso de haber iniciado la guerra sucia en México. Pero el ex presidente ha escapado en primera instancia a la acción de la justicia. Un juez federal no encontró elementos suficientes para ponerlo en el banquillo de los acusados.

Al mediodía del sábado, el juez César Flores despejó la expectativa creada en los últimos meses de ver a Echeverría; a su ministro de Gobernación, Mario Moya Palencia; a su procurador de Justicia, Julio Sánchez Varas, así como a militares que participaron en la represión violenta deldía del Corpus, en el banquillo de los acusados. Flores decidió no ordenar la detención del ex presidente. A su juicio, no hubo genocidio, sino homicidios cualificados, lesiones, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Y esos delitos han prescrito.

La defensa de Echeverría sostenía que el ex mandatario no podría ser enjuiciado por el cargo de genocidio, pues ese delito se habría cometido hace 33 años y estaría prescrito, aunque México firmó sin reserva alguna el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que el delito de genocidio es imprescriptible.

En junio de 1971, el cuerpo paramilitar de Los Halcones -entrenado y armado por el Gobierno- puso fin con disparos y golpes a "la marcha por la libertad", con un saldo de decenas de muertos, heridos y detenidos.

Echeverría acusó de la acción criminal a otras autoridades, a sus subalternos que le obedecían fielmente, pues entonces se decía que "no se movía una hoja si no lo ordenaba el señor presidente".

La manifestación del día del Corpus era la primera de corte político y protesta que se realizaba en México después de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, cuando Echeverría era ministro de Gobernación del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ésa es otra asignatura pendiente de la justicia mexicana en el negro historial de la "guerra sucia".

Sobre como queda el Gobierno de Fox (del Partido Acción Nacional), ante las versiones de un supuesto pacto entre la presidencia y el PRI, dijo que "algo va a quedar en el ambiente, va a flotar en el ambiente político la posibilidad de un acuerdo con el PRI en ese sentido; pero yo espero que prevalezca el ánimo justiciero de los mexicanos, de los familiares de las víctimas del genocidio del 10 de julio de 1971 y que se pueda juzgar en los tribunales a los que cometieron esos atroces delitos".

El que ha recibido el impacto más directo en primera instancia es Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal encargado de los casos en que murieron asesinados decenas de estudiantes en 1971 y cientos en la represión sanguinaria de la guerrilla de los años setenta. Este abogado ha insistido en que Echeverría puede y debe ser enjuiciado por el delito de genocidio.

Inconforme con el juez Flores, el fiscal prepara ya una apelación, e incluso dijo que solicitará al procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, que le pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva definitivamente el caso.

El fiscal cargó con el peso de la derrota en la primera batalla, dijo que guarda absoluto respeto a la resolución judicial, pero aseguró que no comparte los criterios y razonamientos aducidos por César Flores. El fiscal no explicó cuáles fueron los motivos por los que el juez negó las órdenes de aprehensión. Pero consideró que el magistrado "no analizó en profundidad los planteamientos de la oficina del fiscal especial y no valoró adecuadamente todos y cada uno de los elementos de convicción aportados en los 14 tomos, que comprenden 9.382 hojas que integran la averiguación previa correspondiente".