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El Tribunal de Cuentas concluye que la gestión del Imefe fue irregular

El informe final del órgano de control halla anomalías entre 1996 y 1999

El Tribunal de Cuentas ha hallado irregularidades financieras, contables, administrativas y laborales en la gestión del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (Imefe) entre 1996 y 1999, los años que han sido objeto de fiscalización por parte de este órgano de control a petición de la oposición municipal, PSOE e IU.

El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 22 de junio el definitivo Informe de Fiscalización del Imefe, un documento de 161 páginas, y los correspondientes anexos, rubricado por el presidente del organismo, Ubaldo Nieto. El informe adjunta además el escrito de alegaciones presentado por el Imefe y firmado por la actual presidenta del instituto y concejal de Empleo, Ana Botella, que se presentó el 3 de marzo, después de que el Ayuntamiento tuviera conocimiento del anteproyecto de conclusiones del Tribunal. Ese anteproyecto ya avanzaba las mismas conclusiones que ahora se han hecho definitivas.

El periodo estudiado por el Tribunal de Cuentas también fue objeto de análisis en 2001 por parte de la comisión de investigación que se creó al efecto en el Ayuntamiento, a petición de PSOE e IU. Estos fueron los grupos que destaparon el escándalo del Imefe cuando, en enero de 2001, denunciaron la existencia de cursos "fraudulentos" para desempleados, cuyo coste estaba cofinanciado por el Ayuntamiento y la UE, que fueron cobrados pero nunca se impartieron.

El asunto llegó hasta el Tribunal de Cuentas, que, entre otras irregularidades, ha detectado la falta de un registro de contratos en el instituto, el fraccionamiento de pagos o la ausencia de seguimiento y control de la financiación de los cursos, hasta el punto de que a esta institución le resultó "imposible" opinar sobre las cuentas de los ejercicios fiscalizados.

El informe señala que no hubo control ni seguimiento de gastos por parte del Imefe, que el organismo municipal no hizo inventario de sus bienes -algunos de los cuales pertenecen al Ayuntamiento y a la Comunidad- y que se incluyeron como gastos obras en edificios que ya no ocupa el instituto. En el aspecto fiscal, constata además que el Imefe sobrevaloró sus bienes patrimoniales, que existen "deficiencias de gestión y control" en la imputación de pagos y cobros del periodo analizado y, en el ámbito laboral, que 38 contratados pasaron a plantilla "sin mediar oferta de empleo público".

Afirma el tribunal que un 28% de los cursos investigados se iniciaron con menos alumnos de lo previsto, en el 74% los asistentes no completaron la formación y en el 8% las empresas solicitaron diplomas para personas que no asistieron a la mitad de las clases.

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El órgano fiscalizador ha encontrado que en las nóminas del Imefe "podía figurar un mismo trabajador varias veces" y que en la selección de empleados temporales "no se garantizaban los principios de igualdad y objetividad". Asimismo, se pagaron más de 9.000 euros en concepto de "retribuciones o indemnizaciones" que resultaron ser irregulares.

"La resolucuión del tribunal demuestra que se han producido graves irregularidades", afirmó ayer la concejal socialista Isabel Vilallonga. "Estamos ante un fraude social. Una de las cosas más graves del informe es que el Tribunal de Cuentas dice que no pueden pronunciarse sobre las cuentas porque carece de información", agregó. Inés Sabanés, portavoz de IU, señaló: "Esta resolución viene a reforzar la denuncia que en su día hicimos los partidos de la oposición de que se estaban detectando irregularidades".

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