Un paso atrás

El mensaje político que transmite la nueva legislación de horarios comerciales es claramente regresivo. En la pugna suscitada entre los departamentos de Economía, partidario de mantener al menos el límite mínimo de apertura comercial de 12 festivos al año, e Industria, promotor de la idea de rebajar ese límite mínimo a 8 festivos anuales, ha triunfado finalmente la proposición más restrictiva, apoyada quizá por el hecho incontrovertible de que tal recorte está grabado en el programa electoral del PSOE. La lectura política evidente es que la tesis del ministro Montilla se ha impuesto a los intentos del vicepresidente Solbes por frenar este retroceso en la liberalización comercial. Pocas dudas caben de que la mayoría de las comunidades autónomas utilizarán el nuevo proyecto de ley para restringir aún más la apertura en festivos.

No hay demasiado misterio en esta querencia políticaa por la restricción de horarios. Los Gobiernos autonómicos saben que en los pequeños comercios hay un depósito de votos que hay que cuidar. La forma más fácil de mimar ese voto es imponer horarios más restrictivos que impidan a los supermercados y grandes superficies comerciales abrir en días festivos, una práctica que exige una capacidad económica y laboral con la que los pequeños comerciantes no pueden competir. Se llega así al sinsentido de impedir que los super e hipermercados abran los domingos con la excusa de "proteger al pequeño comercio". En lugar de articular políticas de apoyo directo a los pequeños comerciantes para que acrecienten su competitividad, una línea de actuación que podría defenderse con argumentos económicos y sociales, se opta por algo tan indefendible como cercenar la capacidad comercial de las grandes superficies y, por lo tanto, recortar capacidad de generación de riqueza y empleo.

Esta política dislocada de proteccionismo no tiene en cuenta los intereses de los ciudadanos, que han mostrado claramente sus preferencias por las grandes superficies. Tampoco ha evitado la desaparición de los comercios tradicionales que contribuían a cohesionar la vida social en los barrios. Más bien ha favorecido la aparición de redes de tiendas mal servidas, con deficientes condiciones sanitarias y precios desorbitados, que, en este caso sí, están arruinando a gran velocidad los comercios tradicionales. El Gobierno ha dado un paso atrás con el nuevo proyecto de ley; pero, sobre todo, ha perdido una gran oportunidad para defender la liberalización y aprobar una legislación que proteja de verdad al pequeño comercio.