La asamblea de los trabajadores de la CMT rechaza su traslado a Barcelona

Los trabajadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), reunidos ayer en asamblea, rechazaron rotundamente la decisión del Gobierno de trasladar la sede del organismo a Barcelona. La plantilla, formada por alrededor de 150 técnicos, considera que la medida es una "injerencia" política que pone en peligro no sólo la independencia y el funcionamiento de la institución, sino la competencia en el propio sector de las telecomunicaciones. Los trabajadores apuestan por el diálogo, pero están dispuestos a recurrir a los tribunales si el Gobierno no da marcha atrás.

Como ya hiciera hace tres días su presidente, Carlos Bustelo, los trabajadores de la CMT, el máximo organismo regulador de las telecomunicaciones, manifestaron ayer su más rotundo rechazo a la decisión del Gobierno de trasladar la sede del organismo de Madrid a Barcelona. La asamblea de trabajadores acordó por unanimidad oponerse a que se haga efectivo el traslado mediante las medidas que sean necesarias, incluyendo el recurso a la instancia judicial si fuera preciso.

Los trabajadores consideran que la decisión del Ejecutivo "de rentabilidad puramente electoral" y "sólo explicable por causas políticas" abrirá un periodo de crisis en la institución y un "caos organizativo", tanto por las vacantes que se generarán por los abandonos forzosos como por la inestabilidad personal y familiar de los trabajadores que acepten el traslado.

"Que un traslado absolutamente gratuito y evitable, no justificado por ninguna razón técnica de fondo, genere tal inestabilidad en el organismo regulador puede ser interpretado como un intento deliberado de causar esa inestabilidad, tal vez motivado por la persecución de intereses espurios", señaló el comunicado de los representantes de los trabajadores.

El comunicado apela en primer lugar a las autoridades de competencia de la Comisión Europea, "que deben analizar con minuciosidad los motivos que aconsejan este traslado de sede, y evaluar en qué medida la competencia del sector en España se resentirá por esta causa".

Los representantes de los trabajadores recuerdan que la CMT es un organismo con competencia en todo el territorio nacional, por lo que tiene pleno sentido que las competencias de control se ejerzan desde la capital del Estado y no desde la de una comunidad autónoma, tal como sucede con otros organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Comisión Nacional de la Energía.

Los trabajadores, en su mayoría ingenieros y técnicos altamente cualificados, quieren abrir una vía de diálogo con la Administración y van a solicitar una reunión con el ministro de Industria y primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), José Montilla, uno de los principales promotores del traslado junto con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall.

Pero si esa vía no prospera, estos empleados, algunos susceptibles de recibir ofertas de empresas del sector, están dispuestos a endurecer su posición. "Los trabajadores de esta Comisión adoptarán las medidas que se consideren necesarias para la defensa de sus intereses y secundarán cualquier actuación del Consejo de la CMT en orden a repeler esta injerencia en la base misma de actuación del organismo, impugnándola si fuera necesario a través de las instancias judiciales pertinentes", apuntó el comunicado.

Los trabajadores se quejan también de haberse enterado de la decisión por la prensa, tras la reunión que mantuvieron el miércoles Maragall y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Las reacciones políticas sobre la decisión continuaron ayer. El PP ha pedido la comparecencia de Montilla ante el Parlamento para que explique la medida, que tachó de "oscurantista", y adoptada al margen del compromiso de "diálogo y transparencia" asumido por Zapatero en el Parlamento, según señaló el portavoz del PP en la Comisión de Industria del Parlamento, Fernando Castelló.

El vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, considera que esta decisión "no es razonable ni asumible", porque supone dar cumplimiento a un "compromiso político de partido para garantizar una gobernabilidad". Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Sanchez-Llibre, instó a Bustelo a dimitir "si no ve clara" la decisión del Gobierno de trasladar la sede.