Una decisión inédita con difícil marcha atrás

La decisión de trasladar la sede de un organismo estatal desde la capital a otra ciudad es inédita en España. Por eso, los expertos no se ponen de acuerdo sobre las posibles vías para evitar esa mudanza.

En primer lugar, cualquier recurso dependerá de la fórmula jurídica en que se implemente el traslado. Si el Gobierno opta por el real decreto, cualquier interesado puede presentar un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Ahora bien, si opta por el decreto ley, cabría un recurso ante el Tribunal Constitucional, según señala Nicolás González-Deleito, socio del bufete Cuatrecasas.

No obstante, este experto considera que la decisión es "coherente" y "razonable" y persigue favorecer "la cohesión del Estado", con un afán descentralizador como ya sucede en otros países como Alemania. Por eso entiende que sería difícil que prosperase un recurso, salvo que, como en el caso del Consejo de Estado, se fijara por ley la sede de la institución, extremo que no sucede en la CMT.

Por su parte, Jaime Folguera, de Uría & Menéndez Abogados, también entiende que es complicado apelar al precepto de capitalidad del Estado para impugnar la decisión ante el Constitucional, porque la CMT no pertenece a la Administración General del Estado.

Folguera apunta también a la vía laboral. Los trabajadores fijos de la CMT no son funcionarios, y tienen una relación laboral contractual, aunque ganaran su plaza mediante concurso-oposición. El traslado de una empresa cuando afecta a la totalidad de la plantilla precisa de la autorización del Ministerio de Trabajo, con un procedimiento similar al del expediente de regulación de empleo.

La CMT es el máximo organismo regulador del sector de las telecomunicaciones. Fue creada hace siete años tras la ruptura del monopolio de Telefónica y la aparición de la competencia. Entre sus funciones está el establecimiento y supervisión de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones, la resolución de los conflictos entre ellos y el fomento de la competencia en el mercado audiovisual. Aunque depende orgánicamente del Ministerio de Industria, su funcionamiento es independiente y, de hecho, se ha opuesto a decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

Tanto su presidente, en la actualidad Carlos Bustelo, como los miembros del consejo son elegidos por seis años por el Gobierno, aunque mediante un pacto tácito entre los grupos parlamentarios, y no pueden ser destituidos durante su mandato. Su plantilla está integrada por 123 empleados fijos, 9 en prácticas, 14 becarios y 35 que hacen trabajos externos, a los que hay que sumar los 10 miembros del consejo, el máximo órgano de poder.