Las eléctricas piden mayores niveles de emisión en el Plan de Asignación
Las principales compañías eléctricas, Endesa y Unión Fenosa, concentraron sus alegaciones al Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones de gases de efecto invernadero en cambios que supongan garantizar un nivel de derechos de emisión más holgado para las centrales de generación que funcionan con carbón. Iberdrola defiende cambios en los criterios de asignación previstos para los ciclos combinados de gas natural que se construyan y entren en funcionamiento próximamente, según explicaron fuentes de las distintas compañías.
Por su parte, Unión Fenosa aboga por que no se haga una discriminación en el reparto de derechos entre las distintas centrales de carbón; por que se apliquen criterios históricos para la asignación de derechos con independencia del tipo de central; y por que la cogeneración reciba una asignación diferenciada, no dentro de la prevista para el sector eléctrico.
Así las eléctricas han trasladado la batalla que han venido librando en los últimos meses, a propósito de la aplicación concreta de los compromisos asumidos por España en el Protocolo de Kioto. Ayer mismo se cerró el plazo de información pública habilitado desde el pasado día 8 para que las empresas afectadas presentaran sus comentarios y objeciones al PNA. El Ministerio de Medio Ambiente había recibido ya la semana pasada 30 alegaciones a través de la Oficina Española de Cambio Climático.
Ninguna de estas alegaciones entraba en la metodología de asignación, sino que tenían que ver con planteamientos de las comunidades autónomas previos a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente e Industria, celebrada la semana pasada, o con puntualizaciones acerca del las instalaciones que deberían estar incluidas, o no, en el plan.
Millones de toneladas
El plan reparte derechos de emisión equivalentes a 483,75 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) para el periodo 2005-2007 entre los sectores industriales afectados por la Directiva comunitaria de comercio de emisiones (eléctrico, refino, siderurgia, cemento y cal, vidrio y cerámica, papel). Las instalaciones tendrán hasta el 30 de septiembre para presentar la solicitud de autorización de emisión a sus respectivas comunidades autónomas, y la solicitud de derechos de emisión a la Administración General del Estado.La concesión de autorizaciones corresponde a las CC.AA. y se hará para cada una de las instalaciones.
Para el desarrollo del PNA es necesaria la trasposición de la directiva comunitaria de comercio de derechos de emisión. El PNA y la trasposición ya han sido analizados por el Consejo Asesor de Medio Ambiente y por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Está previsto que hoy pase por el Consejo Nacional del Clima. Además, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado deben emitir sus informes.
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