El PP dejó en la calle a 85.019 inmigrantes con orden de expulsión desde enero de 2002

Entre el 1 de enero de 2002 y el 14 de junio de 2004, la Administración dictó 117.768 órdenes de expulsión de ciudadanos extranjeros, pero sólo ejecutó 32.749. Es decir, en los últimos dos años y medio, el Ministerio del Interior dejó en las calles a 85.019 inmigrantes con una orden de expulsión imposible de ejecutar pero que les impide trabajar legalmente. Su número es superior al de los habitantes de ciudades como Toledo, Girona, Pontevedra o Zamora. La Secretaría de Estado de Inmigración remitió ayer al Congreso estos datos, que el Gobierno del PP había negado repetidamente al Parlamento.

Una respuesta parlamentaria escrita, remitida al diputado socialista Antonio Hernando, muestra el fracaso de la política de expulsiones de extranjeros, publicitada por los Gobiernos del Partido Popular como el camino principal para luchar contra la inmigración irregular. En el periodo mencionado, la Administración abrió 110.000 expedientes y dictó 117.768 órdenes de expulsión, pero sólo logró ejecutar 32.749, de los cuales casi el 40% fueron marroquíes.

Las órdenes de expulsión dictadas crecieron considerablemente entre 2002 (38.783) y 2003 (53.778), y entre el año pasado y el global de los seis primeros meses de este año (25.207). Sin embargo, en este último periodo se observa un claro descenso tras la toma de posesión del Gobierno socialista, a finales de abril.

Las 4.108 órdenes dictadas en mayo de 2003 (726 más que en el mismo mes del año anterior) descienden este año a 3.760. La tendencia a la baja se afianza en junio: frente a las 3.738 órdenes dictadas el año pasado, este año sólo habían sido dictadas 300 hasta el día 14 de ese mes.

Por el contrario, el número de expulsiones ejecutadas mantiene el ligero aumento experimentado entre los años 2002 (12.159) y 2003 (14.104). A 14 de junio, ascendían a 6.486.

Los marroquíes, perjudicados

Los ciudadanos más afectados por las órdenes de expulsión dictadas fueron los marroquíes: 9.349 en 2002, 10.969 en 2003 y 4.951 en el periodo contabilizado de este año. En total, 25.269 en los dos últimos años y medio. De ellos, fueron expulsados aproximadamente la mitad: 12.811.

Los actuales responsables de la Secretaría de Estado de Inmigración desconocen el motivo de la desproporción del número de expulsiones dictadas contra los marroquíes en relación a las que afectaron a ciudadanos de otras nacionalidades. Fuentes del departamento que dirige Consuelo Rumí alegaron que las directrices fueron dictadas por los políticos del PP que entonces desempeñaban el Gobierno. Fuentes policiales recordaron, no obstante, que la cercanía de Marruecos hace que la expulsión de marroquíes sea mucho más barata que la de personas de países más alejados.

El colectivo marroquí no fue sólo el blanco de la mayoría de las órdenes de expulsión dictadas, sino que su grado de cumplimiento fue mucho más alto que en el caso de las dirigidas contra inmigrantes de otros países.

Los rumanos, por ejemplo, fueron el segundo colectivo más afectado por las órdenes de expulsión dictadas: 15.290. Pero sólo la tercera parte (5.458) fueron expulsados.

Llama todavía más la atención el caso de los colombianos: de los 8.074 afectados por órdenes de expulsión, sólo fueron repatriados la cuarta parte (1.978).

Pero más chocante aún es el caso de los ecuatorianos, contra los que fueron dictadas 11.735 órdenes de expulsión, de las que sólo se cumplieron 1.033, menos del 10%.

En cuanto al alto número de nigerianos expulsados en 2003 (1.199), parece ser consecuencia del acuerdo de regulación de los flujos migratorios firmado con las autoridades del país africano. Su descenso en los seis primeros meses del año en curso respondería a que los subsaharianos indocumentados que llegan ahora en pateras, conocedores del destino que les espera si declaran proceder de Nigeria, afirman ser originarios de otros países con los que no existen acuerdos de repatriación.

Todos los datos remitidos por la Secretaría de Estado de Inmigración al Congreso fueron negados a los diputados en repetidas ocasiones durante el Gobierno del PP. La actual secretaria de Estado, Consuelo Rumí, entonces en la oposición, manifestó su "más profunda indignación" por el "ocultamiento" y exigió al entonces ministro, Ángel Acebes, que determinara "quién asumirá la responsabilidad", porque "este comportamiento es incompatible con las reglas del control democrático que ha de ejercer el Parlamento sobre el Gobierno".

Fuentes de la Secretaría de Estado han asegurado que, a partir de ahora, las cifras estarán a disposición de los diputados: "Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que ocurre y por qué".