El Tribunal Constitucional italiano derriba la ley de inmigración
El centro-izquierda había recurrido la norma por considerarla racista
El Tribunal Constitucional italiano echó ayer por tierra dos artículos de la ley de inmigración, llamada también por el nombre de sus dos principales redactores, la ley Bossi-Fini, por Gianfranco Fini,líder de Alianza Nacional, y Umberto Bossi, jefe de la secesionista Liga Norte. La inconstitucionalidad de la ley, que no afecta a los inmigrantes sudaneses del barco Cap Anamur, fue recibida con satisfacción por la oposición de centro-izquierda.
El alto tribunal dictamina que los artículos 13 y 14 de la ley de inmigración violan el artículo 3 de la Constitución italiana, que declara la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y también el artículo 13 de ley fundamental, que legitima la adopción por parte de la autoridad administrativa de procedimientos que incidan en la libertad personal sólo en casos de excepcional necesidad o urgencia. Así, los dos artículos de la ley Fini-Bossi, dice el tribunal, "no tienen ninguna cobertura constitucional".
El Tribunal Constitucional declara ilegal que un inmigrante pueda ser expulsado tras comparecer ante un juez sin garantías de defensa, es decir, que no podrá ser expulsado si ha comparecido ante un juez sin la presencia de un abogado.
El alto tribunal también considera ilegal el artículo que prevé la detención obligatoria del extranjero que haya violado la orden de abandonar Italia en cinco días.
La ley de inmigración italiana, vigente desde el 26 de agosto de 2002, impone severas restricciones al acceso de extranjeros a Italia. Esta ley reformó la norma anterior, que fue promulgada en 1998. Además de establecer que sólo podrán entrar en el país los inmigrantes indocumentados que previamente tengan un contrato de trabajo y por su periodo de vigencia, fija penas de cárcel para los que sean expulsados y vuelvan a entrar ilegalmente, al crearse el delito específico de "inmigración clandestina".
Entre las medidas que introdujo el texto figura la posibilidad de que se usen naves de la Armada para frenar los desembarcos de inmigrantes sin papeles. Actualmente el buque Minerva controla los flujos migratorios del Mediterráneo occidental mientras hay otro grupo que, en colaboración con las autoridades albanesas, se ocupa del lado oriental.
La ley prevé asimismo la expulsión con acompañamiento inmediato a la frontera de los extranjeros descubiertos en situación ilegal y restringe la reagrupación familiar.
La oposición de centroizquierda, que había presentado recurso contra la ley por considerarla "racista", expresó ayer su satisfacción por estimar la decisión del Tribunal Constitucional como una "gesto de civismo". El diputado verde, Paolo Cento, afirmó ayer que "han tenido razón quienes en estos meses han luchado con firmeza, e incluso con actos de desobediencia civil, contra la ley Bossi-Fini al considerarla inhumana y racista". También la comunidad católica expresó su acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional.
