Pacto más flexible

Las reglas han de cumplirse. En una unión monetaria como la de los 12 países que comparten el euro, la estabilidad macroeconómica -el control de la inflación y el saneamiento de las finanzas públicas- es esencial. Para ello es necesario un código de conducta que sea respetado por sus miembros, independientemente de su peso económico o político. El Pacto de Estabilidad es, hoy por hoy, la principal pieza de ese código. La violación de su principal restricción -que el déficit público no supere el 3% del PIB- acarrea la imposición de severas sanciones, que pueden llegar hasta el depósito de 0,25% del PIB del país infractor.

Alemania y Francia han incumplido durante varios años esa estipulación, pero, en contra de la voluntad de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros de Finanzas (Ecofin) decidió en noviembre pasado suspender el procedimiento sancionador contra París y Berlín. Ahora el Tribunal de Justicia de la UE se ha pronunciado ante el recurso de la Comisión, señalando que los ministros actuaron de forma ilegal. Pero reconoce al mismo tiempo el derecho de los Gobiernos a no respaldar todas las decisiones de la Comisión: pueden rechazarlas, pero no dejarlas "en suspenso". El Tribunal reconoce que la responsabilidad última sobre la disciplina presupuestaria de los Estados recae esencialmente en el Consejo. Un pronunciamiento no por esperado menos problemático, pues no resuelve la situación creada entonces.

Con independencia de los compromisos de Francia y Alemania para reconducir sus desequilibrios, lo importante ahora es encontrar una formulación de ese pacto suficientemente racional y flexible. El límite del 3% puede mantenerse, entre otras cosas porque aparece en el Tratado, pero su aplicación ha de tomar en consideración, además, otros parámetros igualmente expresivos de la sostenibilidad fiscal, como la magnitud relativa de la deuda pública o la situación del ciclo económico en cada caso. Es igualmente necesario tomar en consideración la composición del gasto público y, muy particularmente, el fortalecimiento de la inversión en capital tecnológico y humano, garantía de mayor competitividad futura.

Tras cinco años de euro, la Comisión reconoce que la coordinación económica no puede basarse sólo en la amenaza de sanciones severas y automáticas. Prepara así el terreno a las deseables e inevitables reformas que se concretarán en 2005 para asegurar otro lustro de buen funcionamiento de esta singular experiencia.