El PSOE reclama más seguridad en el metro, tras registrarse 2.500 delitos de media al mes

El portavoz adjunto de PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Óscar Iglesias, solicitó ayer al Ayuntamiento y la Comunidad la creación de una comisión especial de seguridad en la red de Metro, para analizar la "inseguridad actual" y combatir los 2.500 delitos que, como media, se cometen en la red cada mes.

Iglesias explicó en un comunicado que la comisión debería analizar la situación "y poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para garantizar la integridad de trabajadores y usuarios", ya que los sindicatos -con los que se reunió ayer- llevan tiempo denunciando agresiones a los vigilantes y a los empleados.

Según sus datos, "la Delegación del Gobierno en Madrid está trabajando ya en este sentido, por lo que sólo falta que tanto el Gobierno municipal como el regional, ambos del PP, se tomen en serio el tema".

Iglesias reclamó más inversión en medios y en seguridad preventiva, al tiempo reclamó soluciones a la "falta de preparación y formación de un gran número de los vigilantes que trabajan en el metro".

En 2003 se cometieron 2.538 delitos y 19.113 faltas en el metro. En los seis primeros meses de este año, 27 trabajadores del suburbano han sufrido agresiones, 130 vigilantes jurados también y cada mes se producen una media de 2.500 hechos delictivos.

"Esta situación se acentúa los fines de semana por la actuación de grupos de jóvenes que cometen toda serie de actos vandálicos, tanto en estaciones como en trenes", añadió Iglesias.

El edil socialista detalló alguno de estos hechos: actuaciones de gamberros en la línea 1 de Metro en el distrito de Puente de Vallecas, la elevada conflictividad de la línea 11 (Plaza Elíptica-Pan Bendito), el lanzamiento de piedras a trenes de la línea 9 desde algunos puentes, y peleas o altercados por no querer pagar billete en la macroestación de Nuevos Ministerios.

La prostitución afecta a la estación de Lago, mientras Las Musas sufre peleas y atracos como consecuencia del narcotráfico en la zona, así como agresiones en Valdezarza, Sol, Alcorcón Central y Puerta del Sur.

Según Iglesias, "la violencia, inseguridad y vandalismo en los transportes públicos representan un problema que genera alarma social y atenta contra dos derechos fundamentales: el de las personas a la movilidad en un entorno seguro y el derecho de los trabajadores a desarrollar su labor sin riesgo para su salud".