Socialistas sevillanos acusan a la Junta de discriminar a Sevilla en las inversiones públicas

Sevilla está discriminada en las inversiones públicas de la Junta de Andalucía la cual emplea un doble rasero a la hora de actuar en esta provincia. Esta queja se pudo escuchar con total nitidez en la reunión que mantuvieron la noche del lunes los 120 delegados del PSOE sevillano que asistirán a partir de mañana, en Granada, al 10º Congreso Regional del PSOE. De las 26 peticiones de palabras que se produjeron sólo cuatro se desmarcaron claramente de esta afirmación, sostenida por la ejecutiva provincial, cuyo secretario general, Luis Navarrete, cree "normalizada" la situación después de que el líder de la agrupación, José Caballos, se autodescartarse para estar en la ejecutiva andaluza.

Durante seis horas, los delegados sevillanos se sometieron a una especie de catarsis, en la que se produjeron intervenciones de todo tipo tanto en el fondo como en la forma. La mayoría de los oradores suscribieron, con unas palabras u otras, la aspiración hecha pública por José Caballos de que Sevilla "esté en el puente de mando" de la ejecutiva regional, opinión que no es compartida por todos por considerar que esta agrupación está ya bien representada en los órganos de decisión tanto federales como regionales. Las diputadas al Congreso Carmen Hermosín e Isabel Pozuelo y los alcaldes de San Juan de Aznalfarache y de Castilleja, Juan Ramón Troncoso y Carmen Tovar, fueron los únicos discrepantes con esa opinión. "La crisis se ha creado por la autopropuesta de José Caballos de estar en la ejecutiva", opinó Hermosín.

Hubo un grupo de intervenciones que, aún compartiendo parte de las quejas de la ejecutiva provincial, se situó en una posición de intermedia y cuestionó los modos empleados por Caballos para reivindicar el reconocimiento del peso de Sevilla en el conjunto regional. En esta especie de tierra de nadie se situó el delegado del Gobierno en Andalucía, José Antonio Viera, quien, según varias fuentes, expresó su apoyo a Navarrete, aunque advirtió que no participaría en ninguna operación que afectase "a la estructura" de la dirección regional. La intervención del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, a quien muchos dirigen su mirada en pos de una mediación, fue "muy plana", una actitud que él mismo justificó por su "responsabilidad institucional".

Los oradores fueron desgranando una retahíla de supuestos agravios con Sevilla no sólo en el ámbito intrapartidario, sino también en cuanto a las inversiones y acciones de la Junta de Andalucía, quejas que hasta ahora nunca habían trascendido. Los descontentos se dirigían hacia la situación de bloqueo en el que se encuentra el hospital municipal de Écija, que no está en la red autonómica; el anuncio de empezar el rescate de la autopista A-4 por Cádiz y no por Dos Hermanas; la distribución de los fondos del Plan de Familia; la escasez de funcionarios en las delegaciones provinciales en comparación con otros provincias con menos población; el escaso protagonismo de los socialistas sevillanos en los nombramientos de los presidentes de las dos cajas de ahorro de la provincia; o la actitud de la Junta respecto a empresas sevillanas en crisis frente a la que mantuvo con la jiennense Santana Motor. "Es un discurso propio de otro partido político", afirmó una fuente del Gobierno regional, informada desde primeras horas de lo dicho en la reunión de delegados.

A la tesis de que "el bacalao en la Junta se lo reparten Jaén y Cádiz" se apuntaron varios, según distintas fuentes, una apreciación que un miembro de la ejecutiva atribuyó al peso que tienen los responsables socialistas Luis Pizarro, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y Alfonso Perales.

Los delegados también hicieron hincapié en que Sevilla "tiene el derecho de decir por quién se siente representada" en la próxima ejecutiva, una opinión que fuentes de la dirección regional interpretaron como una "continuación del pulso" al secretario general.