La policía no encontró pruebas de que Suárez Trashorras y Zohuier traficaran con explosivos

La policía tuvo sospechas desde finales de 2002 de que el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, confidente del jefe del Grupo de Estupefacientes de Avilés, traficaba con explosivos, pero no halló pruebas tras una investigación. Suárez, presunto suministrador de Goma 2 Eco empleada en los atentados del 11-M, comentó a la policía a comienzos de 2004 que tenía relación con "unos moritos" que vivían en Madrid, si bien nunca precisó que se tratara de radicales islamistas, según la investigación de Interior sobre la relación de agentes con confidentes suyos que pueden estar implicados en el 11-M.

Pedro Diaz-Pintado remitió el pasado 2 de junio, cuando era subdirector general operativo de la policía, a la Secretaría de Estado de Seguridad una "nota informativa" del jefe del Grupo de Estupefacientes de Avilés en la que detalla sus contactos con Suárez Trashorras. Un mes antes, el 5 de mayo, el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, envió a la Secretaría de Estado un informe sobre la relación de agentes de ese cuerpo con el ciudadano marroquí Rafá Zohuier, presuntamente implicado en los atentados del 11-S. Ambos documentos, a los que ha tenido acceso este diario, respondían a la investigación ordenada por el máximo responsable de Seguridad, Antonio Camacho. Éste manifestó ayer que dichos informes "ponen de manifiesto que no hubo ninguna irregularidad en la relación de los confidentes con agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, como ha quedado también patente en un auto, tras la investigación hecha por un juez".

El jefe del Grupo de Estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez, precisa que desde finales de 2002 se produjo un distanciamiento entre él y Suárez Trashorras debido a que el Grupo de Estupefacientes de Oviedo "manifiesta que [el ex minero] pudiera andar traficando con dinamita, por lo cual se abre una investigación en Oviedo". El pasado enero le comentó que "había unos moritos que se dedicaban a subir hachís hasta Pontevedra y allí cambiarlo por cocaína", que luego transportaban al País Vasco. Posteriormente, le informó de que había invitado a su boda a "los moritos". El jefe del Grupo de Estupefacientes de Avilés añade que ese departamento no dio importancia a esa presencia "ya que decía que eran íntimos amigos y que no tenían ninguna relación con el mundo de las drogas".

A primeros de marzo, Suárez confesó a García Rodríguez que su mujer le había echado de casa porque "lo había visto en compañía de los 'moritos' y que como habían discutido en Madrid con ellos, no quería saber nada con él".

Referencia a los islamistas

Tras los atentados del 11-M, Suárez coincidió con García Rodríguez. Cuando oyó que en la conversación de éste con unos amigos se decía que la matanza había sido obra de ETA, el ex minero dijo al policía: "Esto es cosa de los moros". El jefe del Grupo de Estupefacientes de Avilés relata que transmitió a la Comisaría General de Información ése y otros comentarios del ex minero. Concluye su informe con la afirmación de que "en todo el tiempo que duró la relación con (...) José Emilio, todas las conversaciones versaron única y exclusivamente sobre personas y asuntos relacionados con el mundo de la droga".

Por su parte, el director general de la Guardia Civil relata en su informe que Rafá Zohuier -presunto intermediario en la venta de la Goma 2 Eco a ejecutores de los atentados- "ya en los primeros días de 2003, en contacto con agentes de UCO (Unidad Central Operativa) comentó que tenía información sobre un individuo de Avilés que buscaba compradores para explosivos y que decía que había sustraído cierta cantidad de algún depósito de explosivos".

"Esta Unidad", agrega Gómez Arruche, "desplegó un vasto y extenso operativo policial -comprobando cada noticia que éste facilitaba sobre el particular y, en consecuencia, se realizaron seguimientos, vigilancias y reconocimientos de lugares del entorno de las personas investigadas-, del que no fue posible obtener ningún dato o hecho objetivo que pudiera corroborar la verosimilitud de sus manifestaciones". El director de la Guardia Civil explica que esas investigaciones fueron expuestas, "verbalmente y en detalle", a la Fiscalía de Avilés. Ésta, "ante la evidente ausencia de indicios distintos del testimonio de Zohuier y pese a la aparente gravedad de los hechos que le eran referidos, se pronunció negativamente sobre la viabilidad del inicio de un eventual procedimiento penal, descartándolo". El director de la Guardia Civil añade que en un procedimiento penal, "bajo control judicial, hubiera sido factible el empleo de medidas restrictivas de derechos fundamentales, tales como la intervención de teléfonos o la entrada y registro en los domicilios de las personas investigadas".

Al no aportar datos de interés sobre la presunta venta de explosivos, a partir de marzo de 2003 se redujeron los contactos de guardias civiles con Zohuier.