Un juez condena a Caballito por vulnerar el derecho de huelga

La dirección de la multinacional alemana Pferd Ruggeberg, conocida como Caballito, ha sido condenada por el titular del Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria, a indemnizar con 77.000 euros a los 127 trabajadores que interpusieron la denuncia, al comité de empresa y a los sindicatos denunciantes, por vulnerar el derecho a la huelga de los empleados y coartar el de acción sindical que corresponde al comité. Los sindicatos van a recurrir la sentencia para buscar una indemnización mayor. El juez exige a la empresa que abandone la práctica de sustituir a los huelguistas.

Después de ocho meses de huelga, la sentencia da algo de aliento al colectivo de empleados que sigue sin acudir a sus puestos de trabajo (alrededor de 130 de un total de 240 de plantilla), mientras ve cómo se deteriora la situación. La fabricante alemana de herramientas abrasivas y de corte tomó hace un mes la decisión de trasladar parte de su producción a Polonia y redimensionar la fábrica de Vitoria para unos 100 trabajadores menos, debido al paro que mantiene la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, la pasada semana los huelguistas decidieron mantenerla pese al preacuerdo alcanzado por UGT con la dirección, que suponía de hecho la readmisión de los despedidos.

Pferd tiene una plantilla de 1.700 personas en seis plantas repartidas por cuatro continentes. En Vitoria facturaba unos 38 millones de euros y generaba beneficios año tras año

La victoria judicial de los sindicatos es, sin embargo parcial, ya que consideran que a la empresa lo que le sobra es dinero. El comité ha anunciado que va a impugnar la sentencia con un recurso de súplica ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, en demanda de mayores cantidades económicas. La empresa declinó ayer hacer declaraciones sobre el fallo.

El titular del Juzgado de lo Social de Vitoria es contundente al desestimar las peticiones que hacía la empresa para anular todo el proceso y en su fallo condena a la dirección a pagar la suma de 600 euros a cada uno de los 127 demandantes, más 300 a cada uno de los miembros del comité de huelga, y 150 a cada una de las centrales denunciantes. En total, algo más de 77.000 euros. Estima el juez que Caballito ha "vulnerado el derecho de huelga de los demandantes y el derecho de acción sindical del comité de huelga, al sustituir a trabajadores huelguistas y al dificultar e impedir el acceso del comité de huelga a las instalaciones y centros de trabajo que la empresa posee". A renglón seguido el magistrado declara "la nulidad absoluta de esas conductas empresariales" y conmina a la dirección a "cesar en tales conductas".

Sustituciones

La denuncia fue interpuesta el 19 de mayo pasado por 127 trabajadores y todos los sindicatos que están presentes en la empresa, ELA, LAB, ESK, USO, UTL y UGT, aunque el representante de éste último no secunda la huelga. La denuncia fue admitida a trámite después de que la Inspección de Trabajo certificara que efectivamente la dirección estaba sustituyendo a determinados trabajadores en huelga por otros que habitualmente realizan cometidos diferentes, con el objetivo de sacar adelante la producción para hacer frente a los pedidos.

El comité de huelga también incorporó un informe en el que denunciaba que la empresa estaba obstaculizando su actividad e impidiéndoles entrar a la planta. El comité de huelga tiene derecho a inspeccionar las instalaciones para comprobar que efectivamente no se están realizando tareas que corresponden a trabajadores en paro con otras personas.

Según consta en la denuncia el día 17 de febrero, la dirección de Pferd denegó el acceso al comité, y en otras ocasiones demoró su entrada en alrededor de 20 minutos. La empresa se defiende criticando la actitud de los huelguistas, a quienes acusas de amedrentar a los trabajadores que no la secundaban.

Un episodio similar que describe el ambiente en Caballito sucedió el pasado 23 de junio, cuando ELA acudió a la Ertzaintza a denunciar que el gerente había expulsado a gritos de la factoría a los miembros del comité. Sin embargo, en comisaría se encontraron con que el gerente, Ignacio González, se les había adelantado y presentado otra denuncia por amenazas contra el comité. Su presidente del comité, Joseba Leza (ELA), se mostró ayer "cauteloso aunque esperanzado" ante la mediación que está intentando el Departamento de Trabajo para poner fin a una huelga que las dos partes consideran extremadamente dura y larga.