Salud, calor y sanidad

La ola de calor que afectó al oeste de la Europa meridional el pasado verano desencadenó una crisis política en Francia, donde casi 15.000 defunciones se atribuyeron a las elevadas temperaturas. El abandono de algunas personas mayores que fallecieron en la más absoluta soledad acentuó el dramatismo de la situación. El eco en los medios de comunicación originó un intenso debate que se saldó con la dimisión del director general de salud, justificada por las deficiencias en los sistemas de información y alerta y una escasa orientación comunitaria que dificulta la adopción de intervenciones preventivas en el ámbito colectivo.

En España, la ola de calor tuvo también un notable impacto. Aunque inicialmente el Gobierno reconociera apenas un centenar y medio de muertes por esta causa, un informe oficial admitía un exceso de unas 6.000 defunciones entre los meses de julio y agosto de 2003 respecto del año anterior, sin atribuirlas, no obstante, a problemas evitables. En mayo, el informe SESPAS 2004, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, incluía un estudio en el que se destacaba la influencia del calor como una de las causas de la sobremortalidad veraniega, estimada en unas 6.500 defunciones más a expensas de la población mayor de 65 años.

Es básico el acceso a los datos para elaborar indicadores que permitan la puntual vigilancia

El avance de las estadísticas oficiales de mortalidad publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no incluye información sobre las causas de la muerte, constata unas 13.000 defunciones más en los meses de junio a septiembre de 2003 respecto al mismo periodo de 2002. En agosto murieron 34.632 personas, un 27% más que en el agosto de 2002. También se observa un notable aumento en la mortalidad infantil de julio y agosto, con un total de 290 muertes de menores de un año frente a las 240 defunciones del mismo periodo en 2002. Incrementos que son compatibles con el papel desencadenante de la ola de calor.

Aunque múltiples factores condicionan el efecto del calor sobre la salud de las personas, se pueden limitar las consecuencias más graves, particularmente las defunciones que se producen en las personas mayores y en los enfermos crónicos, mediante intervenciones preventivas dirigidas a la población, cuyos beneficios son más amplios -aunque complementarios- que los que procura la atención médica una vez se presentan los síntomas o aparecen las complicaciones.

De ahí la oportunidad de las autoridades sanitarias españolas, autonómicas y en algunos casos locales, al afrontar el problema bajo una perspectiva preventiva, alentando a la colaboración entre los servicios sanitarios y sociales y, en general, a la comunidad, para adoptar las medidas más convenientes. Porque, como ocurre frente a muchos otros problemas de salud, se necesita una respuesta global y coordinada.

Aunque muchas medidas preventivas eficaces son sencillas, sobre todo las que se refieren a evitar la exposición a altas temperaturas o a mitigar sus efectos mediante una adecuada hidratación y ventilación, los problemas sociales que aumentan la vulnerabilidad de las personas con mayor riesgo, como vivir solas, por ejemplo, requieren una atención activa de los servicios sociales y sanitarios y de la propia comunidad, familiares y vecinos.

Independientemente de la influencia de un eventual cambio climático que suponga una mayor frecuencia de la aparición de olas de calor extremas, el incremento del número de población susceptible, tanto desde el punto de vista social -como consecuencia del aislamiento- como demográfico y sanitario -debido al envejecimiento y a la prevalencia de enfermos crónicos y terminales-, supone un riesgo permanente de sobrepasar el umbral que conduce a la aparición de auténticas epidemias.

La capacidad de regulación térmica es menor en las personas más pequeñas y las mayores y, entre ellas, en las que se encuentran en situaciones más precarias. Personas que a menudo carecen de apoyos sociales, de forma que la mera disponibilidad de acceso a los servicios sociales y sanitarios no es suficiente para proporcionarles una protección adecuada. Esto pone de manifiesto la necesidad de acentuar el componente comunitario de los servicios sanitarios y sociales, de mejorar su coordinación y de favorecer la implicación y la responsabilidad social del conjunto de la población.

Pero también se requiere incrementar la capacidad de predicción, que nos permita en lo posible anticipar las respuestas y, desde luego, la de evaluación de los resultados obtenidos. El anuncio de la incorporación de variables meteorológicas a los sistemas de alerta no puede ser más lógico, aunque convendría incluirlas en el conjunto de medidas de vigilancia ambiental que tienen impacto sobre la salud. Pero los sistemas sanitarios tienen también la responsabilidad de aprovechar mejor la información más directamente asociada a la salud y al consumo de servicios sanitarios.

No deja de resultar un anacronismo que las autoridades sanitarias y los investigadores hayan de recurrir a los datos de las funerarias y los registros civiles tanto para la vigilancia como para la evaluación. Cuando la notificación de las causas de muerte de los certificados y boletines estadísticos de defunción es una fuente de interés sanitario directo. Es fundamental el acceso a los datos para elaborar indicadores adecuados que permitan una puntual y oportuna vigilancia y, sobre todo, una evaluación de los resultados obtenidos con las medidas de intervención.

Las altas temperaturas de estos últimos días, junto a la sensibilidad hacia los peligros sanitarios del excesivo calor que, en parte, ha aumentado gracias a las iniciativas de las mismas autoridades sanitarias, despiertan cierta inquietud que no acaba de mitigar la previsión de una canícula menos tórrida. Una actitud de alerta razonable y proporcionada es útil y, todavía más, si se aprovecha para impulsar el desarrollo de un sistema de salud de orientación más comunitaria y la mejora sustancial de los sistemas de información sanitaria.

Andreu Segura es profesor de Salud Pública de la Universidad de Barcelona.