El PSC juzga que la mayoría parlamentaria es el único límite a la reforma del Estatuto

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) realizó ayer su particular lectura del contenido de la ponencia política aprobada en el 36º Congreso del PSOE. Para los socialistas catalanes, el único límite a la reforma del Estatuto es la mayoría parlamentaria requerida para su aprobación, tanto en el Parlamento autónomo como en las Cortes. Ésa es su interpretación de la frase "conforme a la Constitución y respetando sus previsiones", que figura en la ponencia. Pero la pluralidad de lecturas no debe empañar el "magnífico" balance de este congreso para los intereses del PSC, afirmó su portavoz, Miquel Iceta. Una impresión que en la ejecutiva de ayer Pasqual Maragall explicitó: "Zapatero es una bendición de Dios".

El PSC logró en este congreso, con grandes dosis de tenacidad y pedagogía, la mayoría de sus objetivos iniciales: mantener a su primer secretario, José Montilla, en la ejecutiva federal; suprimir de las ponencias las referencias a la "inamovible unidad de España" e introducir detalladamente los compromisos de política autonómica contemplados en el acuerdo de Santillana del Mar y la necesidad de modificar el actual sistema de financiación autonómica.

Unos resultados que el PSC atribuye, en parte, a la gestión del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Por esta razón, Pasqual Maragall afirmó en la ejecutiva que Zapatero "es una bendición de Dios". Iceta, por su parte, añadió que las relaciones con el líder socialista son "inmejorables" y minimizó el pulso que mantuvo el PSC sobre la inclusión de Montilla en la ejecutiva, en contra del criterio de algunos barones y de parte de la dirección federal.

Variedad de interpretaciones

Pero no todo fueron éxitos. El PSC tuvo que renunciar parcialmente a una enmienda referida a los procesos de reforma estatutaria cuyo contenido era ambiguo respecto a las sujeciones constitucionales. La presión de los socialistas catalanes impidió que prosperara el rígido texto incluido en la redacción inicial de la ponencia, defendida por el portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Al final se logró una transacción y el texto quedó como sigue: "[Las reformas estatutarias se llevarán a cabo] conforme a la Constitución y respetando sus previsiones".

Para el PSOE no hay lugar a dudas sobre la interpretación de esa transacción. Y, por tanto, las modificaciones estatutarias no podrán desbordar la Constitución. En cambio, para el PSC, según explicó ayer Miquel Iceta, los únicos límites a estos procesos son las mayorías parlamentarias fijadas en los propios estatutos y en la Constitución, es decir, dos tercios en el caso del Parlamento catalán y la mayoría absoluta en las Cortes.

Para despejar cualquier duda, Iceta afirmó: "Límites siempre hay en la vida, pero entendidos como barreras infranqueables no hay ninguno". No obstante, quiso contemporizar con el PSOE y precisó: "Es obvio que la reforma del Estatuto no debe desconocer la Constitución porque está regulada por ella".

Iceta intentó cortar el debate "por poco práctico" y reclamó al resto de las formaciones políticas catalanas que presenten propuestas concretas en la ponencia parlamentaria sobre la reforma del Estatuto "para que salga adelante". "El Estatuto no es como un salchichón que se puede trocear sino que requiere un acuerdo global", agregó. Tan sólo una hora después, Pasqual Maragall introdujo nuevos elementos al debate estatutario.

El presidente catalán se explayó, en el foro Tribuna Barcelona, sobre las propuestas del presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, para que la Constitución reconozca un estatus singular a las comunidades históricas: Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña. Llorente propone que los nuevos estatutos se aprueben en las Cortes con una mayoría similar a la que requiere la Constitución, es decir, de tres quintas partes. El presidente catalán, que obvió expresar su apoyo a esta propuesta, afirmó que ello permitiría la perdurabilidad de los nuevos estatutos, pero por el contrario obligaría a conseguir un acuerdo con todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular.